En la reunión de la CRUE de diciembre de 1997 en Salamanca, se presentó una ponencia sobre el tema de la financiación y gestión de las universidades. En ella no se aprecia nada nuevo, simplemente se incide en las mismas ideas que vienen aportando desde hace cinco años: no hay dinero, y la mejor forma de conseguirlo es mediante el aumento de los precios públicos a los usuarios, los estudiantes. El problema reside precisamente en que esta idea se extiende y se mantiene de una manera más que preocupante, y ya hay tendencias que se encaminan a su implantación, como la subida o creación de tasas en Asturias y Andalucía.

Esta es línea que marcó el documento sobre financiación realizado por el Consejo de Universidades en 1994. Que la Universidad española necesita más medios es un hecho evidente, pero no podemos olvidar por ello, que existe un problema de calidad que no se solucionará con dinero, sino con un cambio de mentalidad de buena parte del profesorado y de los responsables universitarios, que sitúe como primera  prioridad la calidad de la docencia.

Una de las bases que argumentan los sucesivos informes sobre la financiación son los desequilibrios económicos generados entre universidades, mientras que ninguno de los informes plantea  una solución a ello salvo una financiación diferencial según la calidad de cada una de ellas. Estimamos que el ligar la financiación a la calidad de las universidades no hace sino agrandar los desequilibrios entre estas, pues se verían desfavorecidas las que ahora son menos competitivas.

La ponencia de la CRUE dedica la mayor parte de su extensión a hacer un análisis superficial, pero muy acertado, de la situación financiera actual de la universidad, y a enumerar las medidas que se han tomado en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que es como todos sabemos, un país social, cultural y económicamente muy “parecido” a nosotros.

Destaca el hecho de que admita que uno de los principales problemas de la universidad ha sido su mala gestión, y que estamos por debajo de la media de la OCDE en cuanto a presupuestos universitarios: 1% PIB frente al 1’4%. Sin embargo no aporta soluciones en cuanto a la mala gestión, y para incrementar el presupuesto hasta el promedio de la OCDE propone un crecimiento de la financiación privada. Concretamente, se aspira a llegar en ocho años a un modelo de financiación mixta, con un 33% de financiación privada, que se desglosa en un 8% de fondos aportados por empresas o gestión de activos, y un 25% obtenido a través de las tasas.
 Actualmente, las tasas suponen un 15-20% de los ingresos de las universidades, y ya hace muchos años que se empezó a oír la reiterada cantinela de que es muy poco. El problema está en definir lo que entendemos como universidad PÚBLICA : no son públicos  aquellos servicios por los que los usuarios pagan, y que están sostenidos por los fondos públicos, que se han obtenido por la vía de los impuestos, y que los usuarios y la sociedad en general pueden no solo ejercer un control sobre ellos, sino participar en su gestión a través de sus órganos de gobierno.

 Alcanzar este objetivo supondría que dentro de 8 años las tasas se habrían situado por encima de un 70% sobre su precio actual, pudiendo aumentar notablemente a causa de la inflación. En una situación de crecimiento económico como la actual, no se justifica el recorte de los gastos sociales y un crecimiento tan brutal de los precios públicos a medio plazo. Digamos  como “anécdota” que los 300.000 millones necesarios para alcanzar el 1.4% del P.I.B., es lo que nos cuesta el programa de compra de tanques Leopard alemanes.
El dinero está ahí: es sólo una cuestión de prioridades.

 El pasado 2 de Abril, el consejo de Universidad anunció que el proyecto de incremento de tasas que manejaba para este año se sitúa entre el IPC y 3 puntos por encima de él. Dos días después, tras una manifestación de 2.000 estudiantes por las calles de Valladolid, el Director General de Universidades de la Junta de Castilla – León, declaró que se pretende prolongar ese incremento durante 4 años. De mantenerse esta postura, se aleja el fantasma de un incremento brutal en los próximos años, pero también aleja toda posibilidad de congelación de los precios públicos, aspiración del movimiento estudiantil desde las movilizaciones del 93.

 No obstante, la experiencia nos ha enseñado a no hacer demasiado caso de las intenciones halagüeñas de los responsables políticos, y si a estar atentos ante las peores previsiones. No se entiende bien tan drástico cambio de opiniones entre lo que propuso la CRUE hace 4 meses, y lo que ahora maneja el consejo de universidades. Tras los últimos foros en los que se ha tratado este tema, como el encuentro de Tarragona, parece ser que la intención va en la línea de la “privatización” de la Universidad y el pago de los usuarios. Sólo la inoportunidad política por el miedo a las movilizaciones explica el giro dado por el consejo de universidades.

 El segundo aspecto problemático de las propuestas de financiación privada de la Universidad, es el de las aportaciones empresariales. Estas aportaciones pueden suponer unos ingresos complementarios al presupuesto universitario, pero nunca deben proponerse como la solución a los problemas. Una excesiva dependencia de la financiación empresarial acabaría hipotecando la Universidad al capricho de las empresas y al juego del mercado. Si la investigación depende de encontrar patronos dispuestos a pagar por ella, las humanidades y la ciencia básica caerán definitivamente en el saco de los trastos inútiles, por ser económicamente improductivos a corto y medio plazo.

 Creemos innecesario describir ni debatir sobre el grave error político, económico, filosófico y cultural que eso seria, pues es mas que evidente, en especial para nosotros.

 Ya hay patentes signos de introducción de empresas en la gestión de universidades.  En diversos lugares están proliferando fundaciones, que al amparo de las universidades públicas, administran sus recursos, llegando al caso de que las facultades deban pagar por usar los locales que les pertenecen

 Es evidente que por un lado van las declaraciones públicas de los responsables políticos y universitarios, que cuando se enfrentan por separado a la comunidad universitaria, se elevan como adalides de los servicios públicos, del progreso de las humanidades, y de las rentas familiares. Pero cuando se reúnen en diversos foros, su actitud cambia, dejando al descubierto una mentalidad primariamente empresarial.

 Es por ello que EXIGIMOS un compromiso por parte de las administraciones públicas y dirigentes universitarios que no se producirán subidas de tasas y/o matrícula por encima del IPC, así como que los fondos universitarios procederán del erario público. Exigimos también la revisión de convenios con empresas privadas, así como la no financiación de universidades privadas con fondos públicos. Por último exigimos que la financiación no dependa de los criterios de calidad y competitividad entre universidades, puesto que aumentaría la diferencia.

 REPRESENTANTES DE FACULTADES ASISTENTES:

 Universidad de Burgos
 Universidad de Cádiz
 Universidad de Castilla la Mancha
 Universidad de Córdoba
 Universidad de Lleida
 Universidad de Murcia
 Universidad de Oviedo
 Universidad de Valladolid 
 Universidad de Zaragoza
 
 
 

       En Cádiz, a 18 de Abril de 1.998

LAS UNIVERSIDADES ABAJO FIRMANTES, REUNIDAS EN ASAMBLEA EN LA CIUDAD DE CÁDIZ LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE ABRIL, MOVIDAS POR LA CRECIENTE INDIGNACIÓN ANTE EL CAOS E INEFICACIA DERIVADO DEL FUNCIONAMIENTO DEL C.A.P. Y SUS FUTURAS MODIFICACIONES. RESUELVEN: LA EMISIÓN DE UNA SERIE DE PROPUESTAS, QUE TRATEN DE HALLAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, VÍAS DE MEJORA PARA LAS FUTURAS MODIFICACIONES DEL MISMO. PARA ELLO PROPONEN TRES SOBRE LAS QUE EMPEZAR A TRABAJAR:
 
 

A) INCORPORACIÓN DEL C.A.P. AL 2º CICLO DE LAS LICENCIATURAS.

- Este pasaría a formar parte de las asignaturas de libre elección, siendo 15 créditos distribuidos del siguiente modo:
9 créditos teóricos:
  6 créditos de Didáctica General.
  3 créditos de Didáctica Específica.
 6 créditos prácticos.
- Estas materias deberían ser impartidas por profesores de instituto asociados a la universidad.
- El C.A.P. será un itinerario voluntario dentro de los planes de estudio.
- Será requisito indispensable para poder desempeñar cualquier labor docente.
- Al ser incluido dentro de la libre elección no constituirá un coste adicional para el alumnado.

B) APLICACIÓN DEL CAP DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

- Siendo necesaria una unificación estatal de las formas de acceso, criterios y contenidos del CAP.
- Establecimiento de un control eficaz que garantice las prácticas establecidas por la ley.

C) ELIMINACIÓN DEL CAP.

- Por la injusticia que supone la exigencia, como requisito indispensable para presentarse a las oposiciones, de un título adicional con la consiguiente carga económica.
- Incorporación previa al centro de enseñanza para participar activamente en el diseño curricular del curso escolar en el que se inicie la labor docente, lo que conlleva el adelanto de las fechas de las oposiciones.
 

COMO CONCLUSIÓN, EXIGIMOS LA INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y SUS REPRESENTANTES EN LOS FUTUROS DEBATES SOBRE EL CAP Y SUS MODIFICACIONES
 

REUNIDOS EN EL AULA MAGNA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE CÁDIZ, EL DÍA 18 DE ABRIL DE 1.998, DECIDE CREARSE LA COORDINADORA  CEHUM (COORDINADORA DE ESTUDIANTES DE HUMANIDADES).

Dicha coordinadora estará formada por facultades de humanidades de universidades públicas. Esta coordinadora estará abierta a cualquier facultad interesada en trabajar por los objetivos que abajo se detallan.

Para formar parte de la coordinadora se mandará una carta al coordinador/a de área solicitando la adhesión a la misma. El/la coordinador/a de sector informará al resto de universidades de la misma área.

La distribución geográfica sería la siguiente:

1) LEVANTE: Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.
2) SUR: Andalucía, Murcia y Canarias.
3) NORTE 1: Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias.
4) NORTE 2: Navarra, Castilla – León y La Rioja.
5) CENTRO: Castilla – La Mancha, Madrid y Extremadura.

La dirección o coordinación de cada sector, recaerá cíclicamente con un periodo máximo de 1 año, incluyendo un curso académico de Octubre a Octubre.

Cada dirección  de sector tendrá la obligación de: 

- - Coordinar y canalizar toda la información de carácter general recibida referente a los estudios humanísticos.
- 
- - Contacto continuo con el resto de coordinadores de zona para garantizar la fluidez y coordinación entre interlocutores.

El traspaso de poderes se realizará en los congresos intersectoriales que se celebrarán entre los meses de Octubre y Noviembre.

Objetivos:

- Establecer un frente común en defensa de la universidad pública y democrática, los estudios humanísticos y los derechos del colectivo estudiantil.
- Luchar por la calidad y mantenimiento de los estudios humanísticos.
- Actuar como interlocutor válido ante los estamentos que se estimen pertinentes.
- Hacer públicas las conclusiones a las que se lleguen en los diferentes congresos y/o reuniones.