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El hidrocálido que pudo ser el padre de la patria.

Juan Carlos Esparza R.

Aguascalientes, México.

 

En los días recientes, la figura del legislador ha sido objeto de toda clase de críticas y observaciones; el reclamo general  pareciera convergir en un solo punto: la impugnación de la representatividad. Dice Rousseau: “Así como el arquitecto, antes de evaluar un gran edificio, observa y sondea el piso, para ver si puede sostener el peso del mismo, el legislador prudente no comienza por redactar leyes buenas en sí mismas, sino que examina antes si el pueblo al que se destina es propio para soportarlas”.[1] Y es que son precisamente nuestros legisladores quienes deben llevar ante el Congreso las necesidades de la población que los eligió para ser representada. En nuestra historia como nación independiente han quedado grabados los nombres de diputados y senadores que han muerto por alzar la voz a favor de la legalidad y la justicia, pero vale la pena ir más atrás para conocer y valorar la trayectoria de un personaje, que además de haber sido oriundo de nuestro Estado, fue la figura central de lo que bien pudo ser la realización de la independencia. La historia de México, dice Octavio Paz, “es una historia a imagen y semejanza de su geografía: abrupta, anfractuosa. Cada período histórico es como una meseta encerrada entre las altas montañas y separada de las otras por precipicios y despeñaderos”,[2] y reflexionar sobre el pensamiento de los grandes personajes, es precisamente, construir los puentes que unan las dos orillas de esos “precipicios y despeñaderos”. Muchos hombres ilustres han quedado en la memoria del pueblo, recordados únicamente por llevar su nombre alguna de las calles por donde se transita ocasional o regularmente. El edificio que funciona actualmente como recinto del Congreso estatal, lleva su nombre, pero ¿se conoce realmente la importancia de la ideología del Licenciado Verdad? Para Aguascalientes debe ser motivo de orgullo el que un hombre de la región haya ocupado uno de los más importantes cargos durante el virreinato, aún por encima de las restricciones de los gachupines, y que en otras circunstancias, pudiera haber sido uno de los realizadores de la independencia nacional.

Francisco Primo de Verdad y Ramos nació el 9 de junio de 1760 en la hacienda de la Purísima Concepción en Ciénega de Mata, perteneciente actualmente al estado de Jalisco, pero que por entonces estuvo adscrita a la jurisdicción de Aguascalientes. Su familia, preocupada por su formación intelectual, envió al joven Francisco a la ciudad de México para cursar sus estudios en el Real Colegio de San Ildefonso. Desde temprana edad, Verdad padeció la discriminación de los criollos por las restricciones que se dieron en todos los aspectos de la vida novohispana por las reformas administrativas ordenadas por el rey de España, Carlos III. Estas reformas restauraron la gloria de la Península como potencia mundial, pero sus reinos americanos fueron explotados sin medida para lograr la ambiciosa meta. De fuera venían los hombres a regular los destinos del país: el gachupín, se decía,  “viene a gobernar unos pueblos que no conoce, a manejar unos derechos que no ha estudiado, a imponerse en unas costumbres que no ha sabido, a tratar unas gentes que nunca ha visto”.[3] Con el deseo íntimo de cambiar las cosas en su propia patria, Verdad se esforzó por recibió en leyes y pronto se vinculó con los principales personajes del Ayuntamiento de la ciudad de México, del que llegaría a ocupar el cargo de síndico, uno de los más importantes del organismo. A finales del siglo XVIII, las noticias sobre la independencia de las trece colonias británicas y el triunfo de la Revolución Francesa formaban parte de las conversaciones cotidianas de los americanos; Verdad, cuya formación ilustrada le permitía tener acceso a buena parte de la literatura política del momento, seguramente vio con especial interés los acontecimientos de su mundo. En materia de leyes, aunque las ideas surgidas de las revoluciones burguesas fueron abrazadas con fervor en el siglo XIX cuando la independencia era ya un hecho, a finales del XVIII, lo que se deseaba hacer valer eran las leyes propias; existía una tradición jurídica ancestral heredada desde los tiempos de la España medieval por los reyes visigodos y las Partidas de Alfonso X en el siglo XII; esta legislación se complementaba con las Leyes de Indias; un código establecido al tiempo entre el rey Carlos I y los conquistadores, que establecía las bases de la soberanía de los reinos americanos; así pues, la tradición jurídica, aunque respetable, “era una tradición enterrada, y aunque todavía viva, mal conocida; una tradición, además, que era el embrión apenas de un verdadero pensamiento político”.[4]

El licenciado Verdad fue uno de los mejores jurisconsultos de la Nueva España y defendió en todo momento las verdaderas leyes del reino. Hacia 1808 la situación que privaba en Europa y la América española era cada vez más tensa; Napoleón Bonaparte se había hecho coronar como emperador de los franceses en 1804 y desde entonces su nombre fue el terror de las monarquías europeas. Su poderío sólo encontró un rival: Inglaterra, y para neutralizar su influencia, ordenó un bloqueo continental; únicamente Portugal se opuso y por ello Napoleón decidió someter aquel país. En España, el verdadero poder lo ejercía Manuel Godoy, “Príncipe de la Paz, ministro universal, dueño de la voluntad del rey y de los muy discutibles encantos de la reina María Luisa”,[5] quien pactó con el emperador de los franceses la entrada de 24 000 soldados para invadir Portugal por tierra. La autoridad de la familia real española se vino abajo por las desavenencias entre el rey y el príncipe heredero Fernando, y Napoleón decidió que era el momento perfecto para apoderarse de España, “sólo que el pueblo español, harto de Godoy y de los franceses, se amotinó en Aranjuez el 13 de marzo de 1808, y don Carlos, incapaz de honrar su corona, la abdicó en su presunto hijo don Fernando, Príncipe de Asturias y retrasado mental como su probable padre”.[6] Napoleón apresó a la familia real en Bayona y en esa ciudad forzó la abdicación de Fernando VII a favor de su hermano José Bonaparte. La guerra de independencia se desató en España, pero debido al vacío de poder, las provincias establecieron sus juntas para lograr un gobierno provisional de resistencia, aunque en la práctica, la representación nacional era inexistente. Finalmente se logró el consenso para la formación de la Junta Central Gubernativa que sería la depositaria del poder auténtico del reino durante la ausencia del rey.

En junio de 1808 llegaron a México las noticias procedentes de España sobre el motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona. El virrey José de Iturrigaray, alarmado por los hechos, convocó el 15 de julio a Real Acuerdo en el que se dispuso desconocer las órdenes de los lugartenientes de Napoleón, defender el reino y mantener la serenidad de la población. El 19, el Ayuntamiento, integrado por notables criollos de amplia formación jurídica y demostrados sentimientos nacionalistas como Jacobo de Villaurrutia, Juan Francisco de Azárate y el ilustre licenciado Verdad fijaron unánimemente su postura en contra de la abdicación y enajenación de los reinos españoles a José Bonaparte.

Por la situación de la península, autonomía de la Nueva España ya se veía como una realidad alcanzable conforme a las leyes establecidas, pues los criollos rescataron la antigua legislación española en la que se hacía constar que en ausencia de la cabeza del estado, la soberanía regresaría al pueblo a través de las Cortes; esta ley sería aprovechada para deslindarse de la tutela española por la vía legal:

Nadíe pues á vista de tan respetables opiniones, podría argüir al ayuntamiento de México de infidelidad, ni tendrá frente para decirle que intentó trastornar la constitución Monárquica [...] el cuerpo político representado en el pueblo no intenta destruir su organización, quando en crisis tan funesta como la presente, cuida de conservarse por medios legítimos, aunque desusados.[7]

El Ayuntamiento solicitó la integración de una junta conforme a la ley; petición a la que el virrey accedió y de esta forma quedaron rechazadas las exigencias de sumisión a las Juntas de Oviedo y Sevilla que habían legado; y ordenó además, para la protección del reino, el emplazamiento de los regimientos más destacados, encabezados por la infantería de Celaya y los dragones de Aguascalientes. Todos estos indicios de inclinación los criollos fueron advertidos por la Real Audiencia, que estaba dominada por los hacendados y comerciantes gachupines, que hicieron caso omiso de la invocación justa de la ley,  pues esto provocaría la ruina de sus intereses, y por el contrario, alegaron que la Nueva España era una provincia más de España y por lo tanto exigieron que México se sometiera a la junta de Sevilla. El principio de la soberanía popular invocada por el Licenciado Verdad era “tan avanzado que hasta entonces jamás se había invocado [y] sobresaltó a muchos de los circunstantes [...] y todos se apresuraron a impugnarlo”.[8] La Iglesia lo declaró como proscrito y anatemizado, pero los partidos ya estaban tomados: “radicalizadas las ideas y polarizadas las opiniones, el ayuntamiento y con él todo el grupo criollo aspiraba a que Nueva España se gobernase libremente a través de un congreso que representara a la nación y designara a las autoridades que fueran necesarias”.[9]

Los peninsulares ya habían comenzado a conspirar para acabar con las aspiraciones de soberanía de los criollos, pues de separarse el reino de la Nueva España, se perderían sus privilegios con el monopolio comercial de Sevilla. El virrey, que buscando su beneficio personal, se mostraba tan complaciente ante los criollos, desató la desconfianza entre la Real Audiencia y el licenciado Verdad, que había unificado la opinión del sector americano a favor de la autonomía, era un elemento sedicioso al que habría que cada vez representaba mayor peligro para los gachupines. El gremio de comerciantes de la ciudad de México, encabezados por el rico hacendado Gabriel de Yermo comenzó a reunir grandes cantidades de pólvora y armas en los primeros días de septiembre. Secretamente formaron un batallón denominado “voluntarios de Fernando VII” con objeto de poner fin a la “traición” del virrey y de los legisladores criollos; y el 15 de septiembre, Yermo inició “medio siglo de pronunciamientos y golpes de Estado, más sobre todo dejaba asentado que entre los negocios y la política, no había serias incompatibilidades”.[10] En contubernio con la guardia de palacio, los conspiradores entraron por la fuerza a los aposentos del virrey, apresan a toda su familia y en su lugar imponen a Pedro Garibay, un militar octogenario al que podían manipular fácilmente. Las acciones violentas no se detuvieron con la captura de Iturrigaray, sino que también fueron encarcelados los principales líderes criollos. El licenciado Verdad fue encerrado en el palacio del Arzobispado, donde murió en condiciones que fueron aclaradas hasta medio siglo después por el general Vicente Riva Palacio:

¿Qué había pasado? Nadie lo sabía; pero todos lo suponían, [...] Cuando en virtud de las leyes de reforma el palacio del arzobispo pasó a dominio de la nación, de la parte del edifico que correspondía á las cárceles se hicieron casa particulares, una de las cuales es la que hoy habita como de su propiedad, uno de nuestros más distinguidos abogados, Don Joaquín María Alcalde. El comedor de esta casa fue el calabozo en que murió Verdad, y cuando por primera vez se abrió al público, yo vi en uno de los muros el agujero de un gran clavo y alrededor de él, un letrero que decía sobre poco más ó menos: Este es agujero del clavo en que fue ahorcado el lic. Verdad. Y todavía en ese mismo muro se descubrían las señales que hizo con los pies y con las uñas de las manos el desgraciado mártir, que luchaba con las ansias de la agonía. Allí pasó en medio de la obscuridad una escena horriblemente misteriosa –el crímen se perpetró entre las sombras y el silencio. Los verdugos calaron el secreto: Dios hizo que el tiempo viniese a descubrirle. La historia encontró la huella de la verdad en unos renglones mal trazados, y en un muro, que guardó las señales de las últimas convulsiones de la víctima.[11]

Finalmente la pretensión de darle la independencia a México por la vía legal no prosperó debido a la reacción de las clases altas, pero el pueblo no olvidaría el espantoso crimen del principal arquitecto de la soberanía nacional. Para que México se liberara del dominio español fue necesario recurrir a las armas durante once largos años, pero la herencia de Francisco Primo de Verdad es el llamado a conocer y practicar las leyes vigentes para favorecer al pueblo representado y no a un reducido sector oligárquico.

La historia, cuya materia de estudio son los hechos pasados, no puede proporcionar respuestas sobre el qué hubiera pasado si los planes del Ayuntamiento se hubieran realizado; el ocioso papel de “profeta retrospectivo” en nada ayuda para la solución de los problemas nacionales, pero la experiencia dejada por los grandes personajes de la historia, debe tenerse siempre presente para no sólo seguir sus pasos, sino mejorarlos. El pueblo de Aguascalientes debe pues, recuperar su memoria y valorar que uno de los suyos, dejó sentadas las bases para lograr la libertad de toda la nación.

BIBLIOGRAFÍA:

§         Brading David A., Los orígenes del nacionalismo mexicano, Era, México, 1997.

§         Fuentes Mares José, Biografía de una nación: de Cortés a López Portillo, Océano, México, 1982.

§         Enciclopedia de México, Enciclopedia de México, México, 1977.

§         Engel José Luis, Efemérides de Aguascalientes históricas y culturales, Filo de Aguya, Aguascalientes, 2000.

§         García Genaro, Documentos Históricos Mexicanos, tomo II, comisión nacional para la celebración del 175 aniversario de la independencia nacional y 75 aniversario de la Revolución mexicana, México, 1985.

§         Paz Octavio, El peregrino en su patria, tomo I; México en la obra de Octavio Paz, Fondo de Cultura Económica, México, 1989.

§         Riva Palacio Vicente, El libro rojo,  Valle de México, México, 1977.

§         Riva Palacio Vicente, México a través de los siglos, Cumbre, México, 1593.

§         Rousseau Jean Jacques, El contrato social, Gernika, México, 1996.

§         Torre Villar Ernesto de la, La independencia de México, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.



[1] Jean Jacques Rousseau, El contrato social, Gernika, México, 1996,p. 69.

[2] Octavio Paz, El peregrino en su patria, tomo I; México en la obra de Octavio Paz, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p.120.

[3] Antonio Joaquín de Rivadeneira y Barrientos en David. A, Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, Era, México, 1997, p. 518.

[4] Paz, op. cit., p. 127.

[5] José Fuentes Mares, Biografía de una nación: de Cortés a López Portillo, Océano, México, 1982, p. 78.

[6] Ibid.

[7] Francisco Primo de Verdad y Ramos, Memoria Póstuma, en Genaro García, Documentos Históricos Mexicanos, tomo II, comisión nacional para la celebración del 175 aniversario de la independencia nacional y 75 aniversario de la Revolución mexicana, México, 1985, p. 158.

[8] Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos, p. 46.

[9] Ernesto de la Torre Villar, La independencia de México, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p.80.

[10] Fuentes Mares, op. cit., p. 81.

[11] Vicente Riva Palacio, El libro rojo,  Valle de México, México, 1977, p. 310.