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En
los días recientes, la figura del legislador ha sido objeto de toda clase de
críticas y observaciones; el reclamo general
pareciera convergir en un solo punto: la impugnación de la
representatividad. Dice Rousseau: “Así como el arquitecto, antes de evaluar
un gran edificio, observa y sondea el piso, para ver si puede sostener el peso
del mismo, el legislador prudente no comienza por redactar leyes buenas en sí
mismas, sino que examina antes si el pueblo al que se destina es propio para
soportarlas”.
Y es que son precisamente nuestros legisladores quienes deben llevar ante el
Congreso las necesidades de la población que los eligió para ser
representada. En nuestra historia como nación independiente han quedado
grabados los nombres de diputados y senadores que han muerto por alzar la voz
a favor de la legalidad y la justicia, pero vale la pena ir más atrás para
conocer y valorar la trayectoria de un personaje, que además de haber sido
oriundo de nuestro Estado, fue la figura central de lo que bien pudo ser la
realización de la independencia. La historia de México, dice Octavio Paz,
“es una historia a imagen y semejanza de su geografía: abrupta,
anfractuosa. Cada período histórico es como una meseta encerrada entre las
altas montañas y separada de las otras por precipicios y despeñaderos”,
y reflexionar sobre el pensamiento de los grandes personajes, es precisamente,
construir los puentes que unan las dos orillas de esos “precipicios y despeñaderos”.
Muchos hombres ilustres han quedado en la memoria del pueblo, recordados únicamente
por llevar su nombre alguna de las calles por donde se transita ocasional o
regularmente. El edificio que funciona actualmente como recinto del Congreso
estatal, lleva su nombre, pero ¿se conoce realmente la importancia de la
ideología del Licenciado Verdad? Para Aguascalientes debe ser motivo de
orgullo el que un hombre de la región haya ocupado uno de los más
importantes cargos durante el virreinato, aún por encima de las restricciones
de los gachupines, y que en otras circunstancias, pudiera haber sido uno de
los realizadores de la independencia nacional.
Francisco
Primo de Verdad y Ramos nació el 9 de junio de 1760 en la hacienda de la Purísima
Concepción en Ciénega de Mata, perteneciente actualmente al estado de
Jalisco, pero que por entonces estuvo adscrita a la jurisdicción de
Aguascalientes. Su familia, preocupada por su formación intelectual, envió
al joven Francisco a la ciudad de México para cursar sus estudios en el Real
Colegio de San Ildefonso. Desde temprana edad, Verdad padeció la discriminación
de los criollos por las restricciones que se dieron en todos los aspectos de
la vida novohispana por las reformas administrativas ordenadas por el rey de
España, Carlos III. Estas reformas restauraron la gloria de la Península
como potencia mundial, pero sus reinos americanos fueron explotados sin medida
para lograr la ambiciosa meta. De fuera venían los hombres a regular los
destinos del país: el gachupín, se decía,
“viene a gobernar unos pueblos que no conoce, a manejar unos derechos
que no ha estudiado, a imponerse en unas costumbres que no ha sabido, a tratar
unas gentes que nunca ha visto”.
Con el deseo íntimo de cambiar las cosas en su propia patria, Verdad se
esforzó por recibió en leyes y pronto se vinculó con los principales
personajes del Ayuntamiento de la ciudad de México, del que llegaría a
ocupar el cargo de síndico, uno de los más importantes del organismo. A
finales del siglo XVIII, las noticias sobre la independencia de las trece
colonias británicas y el triunfo de la Revolución Francesa formaban parte de
las conversaciones cotidianas de los americanos; Verdad, cuya formación
ilustrada le permitía tener acceso a buena parte de la literatura política
del momento, seguramente vio con especial interés los acontecimientos de su
mundo. En materia de leyes, aunque las ideas surgidas de las revoluciones
burguesas fueron abrazadas con fervor en el siglo XIX cuando la independencia
era ya un hecho, a finales del XVIII, lo que se deseaba hacer valer eran las
leyes propias; existía una tradición jurídica ancestral heredada desde los
tiempos de la España medieval por los reyes visigodos y las Partidas de
Alfonso X en el siglo XII; esta legislación se complementaba con las Leyes de
Indias; un código establecido al tiempo entre el rey Carlos I y los
conquistadores, que establecía las bases de la soberanía de los reinos
americanos; así pues, la tradición jurídica, aunque respetable, “era una
tradición enterrada, y aunque todavía viva, mal conocida; una tradición,
además, que era el embrión apenas de un verdadero pensamiento político”.
El
licenciado Verdad fue uno de los mejores jurisconsultos de la Nueva España y
defendió en todo momento las verdaderas leyes del reino. Hacia 1808 la
situación que privaba en Europa y la América española era cada vez más
tensa; Napoleón Bonaparte se había hecho coronar como emperador de los
franceses en 1804 y desde entonces su nombre fue el terror de las monarquías
europeas. Su poderío sólo encontró un rival: Inglaterra, y para neutralizar
su influencia, ordenó un bloqueo continental; únicamente Portugal se opuso y
por ello Napoleón decidió someter aquel país. En España, el verdadero
poder lo ejercía Manuel Godoy, “Príncipe de la Paz, ministro universal,
dueño de la voluntad del rey y de los muy discutibles encantos de la reina
María Luisa”,
quien pactó con el emperador de los franceses la entrada de 24 000 soldados
para invadir Portugal por tierra. La autoridad de la familia real española se
vino abajo por las desavenencias entre el rey y el príncipe heredero
Fernando, y Napoleón decidió que era el momento perfecto para apoderarse de
España, “sólo que el pueblo español, harto de Godoy y de los franceses,
se amotinó en Aranjuez el 13 de marzo de 1808, y don Carlos, incapaz de
honrar su corona, la abdicó en su presunto hijo don Fernando, Príncipe de
Asturias y retrasado mental como su probable padre”.
Napoleón apresó a la familia real en Bayona y en esa ciudad forzó la
abdicación de Fernando VII a favor de su hermano José Bonaparte. La
guerra de independencia se desató en España, pero debido al vacío de poder,
las provincias establecieron sus juntas para lograr un gobierno provisional de
resistencia, aunque en la práctica, la representación nacional era
inexistente. Finalmente se logró el consenso para la formación de la Junta
Central Gubernativa que sería la depositaria del poder auténtico del reino
durante la ausencia del rey.
En
junio de 1808 llegaron a México las noticias procedentes de España sobre el
motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona. El virrey José de
Iturrigaray, alarmado por los hechos, convocó el 15 de julio a Real Acuerdo
en el que se dispuso desconocer las órdenes de los lugartenientes de Napoleón,
defender el reino y mantener la serenidad de la población. El 19, el
Ayuntamiento, integrado por notables criollos de amplia formación jurídica y
demostrados sentimientos nacionalistas como Jacobo de Villaurrutia, Juan
Francisco de Azárate y el ilustre licenciado Verdad fijaron unánimemente su
postura en contra de la abdicación y enajenación de los reinos españoles a
José Bonaparte.
Por
la situación de la península, autonomía de la Nueva España ya se veía
como una realidad alcanzable conforme a las leyes establecidas, pues los
criollos rescataron la antigua legislación española en la que se hacía
constar que en ausencia de la cabeza del estado, la soberanía regresaría al
pueblo a través de las Cortes; esta ley sería aprovechada para deslindarse
de la tutela española por la vía legal:
Nadíe
pues á vista de tan respetables opiniones, podría argüir al ayuntamiento de
México de infidelidad, ni tendrá frente para decirle que intentó trastornar
la constitución Monárquica [...] el cuerpo político representado en el
pueblo no intenta destruir su organización, quando en crisis tan funesta como
la presente, cuida de conservarse por medios legítimos, aunque desusados.
El
Ayuntamiento solicitó la integración de una junta conforme a la ley; petición
a la que el virrey accedió y de esta forma quedaron rechazadas las exigencias
de sumisión a las Juntas de Oviedo y Sevilla que habían legado; y ordenó
además, para la protección del reino, el emplazamiento de los regimientos más
destacados, encabezados por la infantería de Celaya y los dragones
de Aguascalientes. Todos estos indicios de inclinación los criollos
fueron advertidos por la Real Audiencia, que estaba dominada por los
hacendados y comerciantes gachupines, que hicieron caso omiso de la invocación
justa de la ley, pues esto
provocaría la ruina de sus intereses, y por el contrario, alegaron que la
Nueva España era una provincia más de España y por lo tanto exigieron que México
se sometiera a la junta de Sevilla. El principio de la soberanía popular
invocada por el Licenciado Verdad era “tan avanzado que hasta entonces jamás
se había invocado [y] sobresaltó a muchos de los circunstantes [...] y todos
se apresuraron a impugnarlo”.
La Iglesia lo declaró como proscrito y anatemizado, pero los partidos ya
estaban tomados: “radicalizadas las ideas y polarizadas las opiniones, el
ayuntamiento y con él todo el grupo criollo aspiraba a que Nueva España se
gobernase libremente a través de un congreso que representara a la nación y
designara a las autoridades que fueran necesarias”.
Los
peninsulares ya habían comenzado a conspirar para acabar con las aspiraciones
de soberanía de los criollos, pues de separarse el reino de la Nueva España,
se perderían sus privilegios con el monopolio comercial de Sevilla. El
virrey, que buscando su beneficio personal, se mostraba tan complaciente ante
los criollos, desató la desconfianza entre la Real Audiencia y el licenciado
Verdad, que había unificado la opinión del sector americano a favor de la
autonomía, era un elemento sedicioso al que habría que cada vez representaba
mayor peligro para los gachupines. El gremio de comerciantes de la ciudad de México,
encabezados por el rico hacendado Gabriel de Yermo comenzó a reunir grandes
cantidades de pólvora y armas en los primeros días de septiembre.
Secretamente formaron un batallón denominado “voluntarios de Fernando
VII” con objeto de poner fin a la “traición” del virrey y de los
legisladores criollos; y el 15 de septiembre, Yermo inició “medio siglo de
pronunciamientos y golpes de Estado, más sobre todo dejaba asentado que entre
los negocios y la política, no había serias incompatibilidades”.
En contubernio con la guardia de palacio, los conspiradores entraron por la
fuerza a los aposentos del virrey, apresan a toda su familia y en su lugar
imponen a Pedro Garibay, un militar octogenario al que podían manipular fácilmente.
Las acciones violentas no se detuvieron con la captura de Iturrigaray, sino
que también fueron encarcelados los principales líderes criollos. El
licenciado Verdad fue encerrado en el palacio del Arzobispado, donde murió en
condiciones que fueron aclaradas hasta medio siglo después por el general
Vicente Riva Palacio:
¿Qué
había pasado? Nadie lo sabía; pero todos lo suponían, [...] Cuando en
virtud de las leyes de reforma el palacio del arzobispo pasó a dominio de la
nación, de la parte del edifico que correspondía á las cárceles se
hicieron casa particulares, una de las cuales es la que hoy habita como de su
propiedad, uno de nuestros más distinguidos abogados, Don Joaquín María
Alcalde. El comedor de esta casa fue el calabozo en que murió Verdad, y
cuando por primera vez se abrió al público, yo vi en uno de los muros el
agujero de un gran clavo y alrededor de él, un letrero que decía sobre poco
más ó menos: Este es agujero del clavo en que fue ahorcado el lic. Verdad. Y
todavía en ese mismo muro se descubrían las señales que hizo con los pies y
con las uñas de las manos el desgraciado mártir, que luchaba con las ansias
de la agonía. Allí pasó en medio de la obscuridad una escena horriblemente
misteriosa –el crímen se perpetró entre las sombras y el silencio. Los
verdugos calaron el secreto: Dios hizo que el tiempo viniese a descubrirle. La
historia encontró la huella de la verdad en unos renglones mal trazados, y en
un muro, que guardó las señales de las últimas convulsiones de la víctima.
Finalmente
la pretensión de darle la independencia a México por la vía legal no
prosperó debido a la reacción de las clases altas, pero el pueblo no olvidaría
el espantoso crimen del principal arquitecto de la soberanía nacional. Para
que México se liberara del dominio español fue necesario recurrir a las
armas durante once largos años, pero la herencia de Francisco Primo de Verdad
es el llamado a conocer y practicar las leyes vigentes para favorecer al
pueblo representado y no a un reducido sector oligárquico.
La
historia, cuya materia de estudio son los hechos pasados, no puede
proporcionar respuestas sobre el qué hubiera pasado si los planes del
Ayuntamiento se hubieran realizado; el ocioso papel de “profeta
retrospectivo” en nada ayuda para la solución de los problemas nacionales,
pero la experiencia dejada por los grandes personajes de la historia, debe
tenerse siempre presente para no sólo seguir sus pasos, sino mejorarlos. El
pueblo de Aguascalientes debe pues, recuperar su memoria y valorar que uno de
los suyos, dejó sentadas las bases para lograr la libertad de toda la nación.
BIBLIOGRAFÍA:
§
Riva Palacio Vicente, El libro rojo,
Valle de México, México, 1977.
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