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Por
los siglos de los siglos.
La expulsión de los jesuitas.
Durante
el siglo XVIII el movimiento de la Ilustración se expandía por casi toda
Europa, siendo una de sus premisas el fin del poder compartido entre la
Iglesia y el Estado. Fueron principalmente autores en lengua francesa como
Russeau y Voltarie quienes ya proponían la separación de los poderes y
reducir la influencia de la Iglesia en la vida política; sus ideas fueron condenadas, aunque pero poco a poco, los
monarcas comenzaron a aceptarlas.
En
España, Carlos III implantó una serie de medidas modernizadoras conocidas
como las Reformas Borbónicas, para recuperar el esplendor que su imperio tuvo
doscientos años atrás. En materia religiosa disminuyó la influencia de la
Inquisición y sustituyó por laicos a los clérigos en los cargos
administrativos, pero la medida que desató mayor escándalo fue la expulsión
de la Compañía de Jesús de todos sus dominios.
Esta
orden religiosa había acumulado severas acusaciones por su participación en
conspiraciones y atentados en contra de cuatro monarcas en Francia y Portugal
y de influir para su beneficio en tratados de límites entre los territorios
de Paraguay y Brasil. Al ser expulsados de Portugal en 1759, se refugiaron en
el último estado católico poderoso: España.
El
nuevo gabinete de Carlos III se conformó de políticos jóvenes e ilustrados,
quienes consideraban un peligro latente a la Compañía de Jesús a causa de
sus antecedentes y de su voto de obediencia absoluta al Papa, y tras
encontrarse la participación de estos religiosos en un violento motín en
Madrid, llegó el pretexto ideal para declarar su expulsión.
En
el reino de la Nueva España, el decreto llegó el 25 de julio de 1767 y fue
aplicado con todo rigor por el virrey Carlos Francisco de
Croix y por el poderoso ministro de Indias José de Gálvez en los
siguientes términos:
Hago
saber a los habitantes de este Imperio, que el Rey nuestro Señor… se ha
dignado a mandar… se extrañen de todos sus dominios… a los religiosos de
la Compañía… pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos
del gran Monarca… que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni
opinar en los altos asuntos del Gobierno.
Así,
fueron apresados 678 jesuitas y embarcados rumbo a Italia, pero en varios
puntos del reino brotaron violentos motines, principalmente en Guanajuato y
San Luis Potosí, donde José de Gálvez encabezó la represión de las
revueltas y ordenó decapitar a los rebeldes y exhibir las cabezas en plazas y
cerros, mientras que en Europa el rey de España presionó al Papa hasta
lograr la supresión de la orden en 1773.
La
independencia de México y el Clero.
En
el estallido de la Guerra de Independencia los sacerdotes jugaron un papel
esencial en la lucha al encabezar en sus curatos la rebelión en contra del
mal gobierno español que negaba a los americanos los principales en la dirección de
su propio país. Las masas seguían ciegamente a Hidalgo, quien enarbolaba la
imagen de la Virgen de Guadalupe y le imprimió a la lucha un aspecto
religioso.
A
diferencia de los curas de pueblo, los obispos en las grandes capitales se
plegaron al lado de los realistas al darse cuenta de la violencia desatada,
tal es el caso de Miguel Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán, quien
lanzó la excomunión a Hidalgo y a cuantos lo secundaran. Además de amenazas
y excomuniones, Abad y Queipo y otros obispos como Juan Ruiz de Cabañas en
Guadalajara y Francisco Xavier de Lizana, Arzobispo de México y Virrey
provisional en 1810, formaron milicias para combatir la rebelión y este último
comparaba al cura de Dolores con el demonio.
En
1812 se promulga en España una constitución de corte liberal con varios artículos
limitaban la acción del clero en la vida política y la posesión de bienes,
por lo que pronto fue rechazada por varios sectores. En la Nueva España su
vigencia fue suspendida porque de alguna forma justificaría la lucha
insurgente. Al acceder a trono Fernando VII, abolió la Constitución y
restituyó los poderes del clero hasta que una revolución en España lo obligó
a jurarla nuevamente en 1820.
En
México varios obispos y nobles, decepcionados del rey conspiraron para abolir
esta ley mediante lo que antes combatieron: la separación definitiva. El
virrey Juan Ruiz de Apodaca envió a Agustín de Iturbide para combatir a los
últimos insurgentes encabezados por Vicente Guerrero, pero aquél formaba
parte de la conspiración realizada junto con el obispo de Puebla Joaquín Pérez
Martínez, el canónigo Matías Monteagudo, y el inquisidor Antonio Tirado y
Priego. Iturbide logró allegarse a Guerrero y proclamó la independencia
mediante el Plan de Iguala y sus tres garantías: Libertad de México, Unión
entre americanos y españoles y Conservación de la Religión Católica.
Al
coronarse Iturbide emperador de México, varios de aquellos obispos
conspiradores formaron parte de su corte, pero quedaba el problema del
reconocimiento internacional y la amenaza de la masonería introducida por el
representante norteamericano Joel R. Pointsett, asuntos que entre otros,
terminaron en el fracaso del Primer Imperio Mexicano.
Fue
hasta el primer gobierno republicano de Guadalupe Victoria que se retomó el
asunto de las relaciones exteriores, y muy en especial con Santa Sede. En 1825
el nuevo Papa León XII, condenó en su encíclica Etsi
iam dieu la “deplorable situación” que padecía la Iglesia y el
Estado a causa de la guerra estallada desde 1810 y llamaba a la reconciliación
con Fernando VII.
El
gobierno mexicano impidió su difusión, pero en Tampico, un español lo
publicó por su cuenta. Ante ello, el gobierno lo dio a conocer en la Gaceta
Oficial, lo que funcionó mejor de lo esperado, pues la opinión general fue
considerar el documento como falso.
Los
obispos ordenaron a los párrocos, explicar –ahora sí- la justicia de la
Independencia, y decir que el Papa estaba engañado por Fernando VII, y que
debían obedecerle en todos los asuntos de religión, “y por ningún motivo
en los que toca al Estado”. A pesar de los constantes esfuerzos diplomáticos,
la República Mexicana no pudo renovar el ejercicio del Patronato, forma jurídica
otorgada por el Vaticano a los monarcas españoles desde la conquista, por la
cual la Corona tenía facultades sobre asuntos eclesiásticos tales como
nombramientos y restricciones de los clérigos, más nunca sobre la Doctrina.
La
Masonería y la expulsión de los españoles.
A
pesar la Independencia muchos aspectos de la vida nacional seguían siendo
exactamente igual que en la época virreinal. La primera Constitución de 1824
oficializaba la religión católica sin tolerancia de ninguna otra y conservó
los privilegios del clero y el ejército. De esta época data la actividad de
las logias masónicas a falta de verdaderos partidos políticos: el Rito Escocés,
integrado por antiguos militares realistas, no deseaba alterar gran cosa la
sociedad y costumbres anteriores, y el Rito de York, traído a México por
Pointsett, fue seguido por políticos de origen insurgente quienes veían en
el país del norte el mejor ejemplo a seguir. Pointsett fue el iniciador del
odio entre partidos, pues aprovechó el desprecio a los españoles por parte
de algunos sectores para promover la división política. Había sido espía
en Sudamérica y desde su llegada a México en tiempos del Imperio, nunca
disimuló su desprecio hacia los mexicanos ni en la pretensión posesionarse
de su territorio.
Algunos
inconformes con la vida independiente conspiraron volver al dominio español,
el caso más notorio fue el del fraile dieguino Joaquín Arenas en 1827, quien
fue descubierto y fusilado junto con el dominico español Francisco Martínez.
Esto sirvió para dar la razón a los yorkinos sobre el peligro que aún
significaba España para México, y por tal motivo se decretó la expulsión
de los españoles para el 20 de diciembre de ese mismo año.
Las
primeras Reformas.
De
1829 a 1833 llegó al poder el general Antonio López de Santa Anna apoyado
por el grupo liberal, que vio el momento preciso de establecer las reformas
necesarias para una nueva vida nacional mediante la reducción de la
influencia del clero en la vida política a través la extinción de su fuente
principal: los fueros y privilegios. Los principales impulsores de esta idea
fueron José María Luis Mora y el vicepresidente Valentín Gómez Farías, a
quien Santa Anna delegaba el poder cada vez que decidía enfermarse y reposar
en su hacienda Manga de Clavo, en Veracruz.
La
primera de las Reformas de 1833 fue la secularización de las misiones de la
Alta California, seguida de la abolición de las leyes civiles por las que el
Estado podía imponer la fuerza para el pago del diezmo. Siguió la supresión
de las órdenes monásticas por ir en contra de la libertad del individuo y
finalmente la eliminación de la Universidad, sustituida por la Dirección de
Instrucción Pública. A pesar de todo, no se dejaba desamparada a la Iglesia
católica, pues se pensó en una remuneración económica a los clérigos a
cambio de la gratuidad de la administración de los sacramentos.
Al
grito de “Religión y fueros” hubo levantamientos a fines de mayo de 1834
en Morelia y Tlalpan; Santa Anna acudió a los ruegos de quienes lo visitaban
en su hacienda para que pusiera fin a las atrocidades de Gómez “Furias” y
pronto salió, en un doble juego, a batir a los alzados y a derogar todos los
decretos perniciosos para la Iglesia y el Ejército. Así, las primeras
reformas liberales de 1833 fueron eliminadas y Gómez Farías y Mora se vieron
obligados a huir, a Zacatecas y a Francia, respectivamente.
La
Rebelión de los Polkos.
Durante
la injusta invasión de los Estados Unidos a México, la precaria situación
del gobierno contribuyó a una mala defensa del país; el mal armado e
improvisado ejército mexicano iba de derrota en derrota. Nuevamente asumíó
Gómez Farías la presidencia provisional y el 11 de enero de 1847, ante la
lamentable situación del país, expidió un decreto que autorizaba la
disposición y venta de los bienes eclesiásticos para la defensa nacional.
Pronto estalló –en plena guerra contra el invasor- una revuelta en contra
del gobierno. Las calles de la ciudad de México sufrieron once días de
tiroteos entre jóvenes devotos, miembros de las mejores familias y oficiales
del gobierno al grito de “religión y fueros”. El clero exigió la
revocación de los decretos y la salida de Gómez Farías mientras que los jóvenes
alzados presionaban al arzobispo Irizarri a entregar más fondos para su
rebelión si no quería que se pasaran al bando del gobierno. Pronto fueron
despreciados por el pueblo y apodados “Polkos” en alusión al presidente
de Estados Unidos James K. Polk. Santa
Anna regresó a restablecer la paz y negoció un préstamo de cien mil pesos a
cambio de los quince millones calculados por Gómez Farías, que no sirvió
para impedir que la bandera de las barras y las estrellas ondeara en el
Palacio Nacional el día de la Independencia de México.
Las Leyes de Reforma y la
Constitución de 1857.
Durante
el onceavo y último gobierno de Santa Anna, una dictadura del terror de 1853
a 1855, los conservadores le otorgaron facultades ilimitadas hasta convertirlo
prácticamente en un monarca, pero fue derrocado y exiliado al triunfo de la
Revolución de Ayutla en 1855. Pronto se advirtió la enorme necesidad de
brindarle a México una Carta Magna que regulara el excesivo poder del clero y
el ejército y que garantizara la igualdad y la libertad entre los ciudadanos.
Al
percatarse de los trabajos del Constituyente convocado en 1856, las clases
privilegiadas temieron perder sus poderes, por la promulgación de las Leyes
Juárez y Lerdo que decretaban la desamortización de bienes eclesiásticos y
la abolición de fueros e inmunidades eclesiásticas, respectivamente. Vino
después la Ley Iglesias, que al fin prohibía la coacción civil en el cobro
de los derechos parroquiales.
A
consecuencia de estas leyes se dieron algunos levantamientos sin mayores
consecuencias hasta que el Congreso promulgó 5 de febrero de 1857 la primera
Constitución que podía llamarse enteramente liberal, que aun así fue jurada
por el ya anciano y enfermo Valentín Gómez Farías frente a un crucifijo. El
arzobispo de México, Antonio Labastida y Dávalos condenó el nuevo código y
ordenó que se negaran los sacramentos a quienes la jurasen.
El
1° de diciembre de aquel mismo año, Ignacio Comonfort tomó la presidencia,
pero antes de dos semanas decidió desconocer la Constitución y se adhirió
a los conservadores al mando de Félix Zuloaga mediante el Plan de
Tacubaya. Creyó que de esta forma su gobierno sería fuerte gracias al apoyo
de las corporaciones, pero en realidad sólo fue un instrumento de las mismas,
pues un nuevo pronunciamiento lo derrocó y llevó a la presidencia a Zuloaga.
Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió el poder
ejecutivo, acorde a la Constitución, y con la capital ocupada por los
conservadores tuvo que huir hacia Guanajuato con su gabinete y desde entonces
hubo dos gobiernos simultáneos en el país: el liberal y el conservador.
La
nueva guerra civil comenzó en enero de 1858 con la persecución de los
liberales y desde entonces, uno y otro bando cometieron toda clase de excesos.
Mientras que el general conservador Leonardo Márquez asesinó a todos sus
prisioneros juaristas, la “gente decente” y los dignatarios de la iglesia
celebraron este hecho con misas y fiestas. Los liberales por su parte,
profanaban las iglesias, fusilaban párrocos y toleraban el bandidaje de sus
guerrilleros.
En
1859 se publicaron por primera vez las Leyes de Reforma anteriores más otras
nuevas elaboradas por Melchor Ocampo :
Ley
de exclaustración de monjas y frailes, y extinción de corporaciones eclesiásticas.
Ley
de matrimonio civil.
Ley
de registro civil y secularización de cementerios.
Ley
de limitación de días festivos y prohibición de asistencia oficial a
ceremonias religiosas por funcionarios públicos.
Ley
de libertad de cultos.
En
ambos bandos se buscó el apoyo de los Estados Unidos para la guerra, y para
los liberales la más grandes críticas a este respecto fue la firma del
tratado McLane-Ocampo, en el que a cambio de reconocimiento y apoyo económico
y militar contra los conservadores, se concedería la cesión a perpetuidad de
México a los Estados Unidos del derecho de tránsito por el Istmo de
Tehuantepec. Eran conocidos los problemas entre el norte y el sur que pronto
desencadenarían la Guerra de Secesión y debido a esto, la mayoría norteña
en el Congreso estadounidense rechazó el tratado por beneficiar sólo al Sur.
Gracias
también al repunte de los juaristas y a las gestiones de los diplomáticos
liberales en Washington, los barcos españoles que contrató en Cuba el
general conservador Miguel Miramón en Cuba, fueron detenidos acusados de ser
piratas, lo que influyó para su derrota definitiva. El 11 de enero de 1861 Juárez
arribó a la capital, en la misma fecha que tres años antes, los
conservadores habían tomado el poder.
Consolidados
en el poder, los liberales actuaron más bien como jacobinos: a la aplicación
de las Leyes de Reforma siguió la destrucción de algunos templos, la
confiscación y el remate de los bienes, saqueo de archivos y pinacotecas y
destierro de obispos. En represalia, los conservadores comenzaron la
aniquilación selectiva de los liberales; pronto importantes hombres de la
Reforma fueron asesinados brutalmente; la nueva Ley fue aplicada con más
rigor que nunca.
La Iglesia y el Estado en el Segundo
Imperio.
Instalado
en la presidencia, Juárez se topó con la escasez de fondos en el erario a
causa de la guerra y declaró la
moratoria de pagos de la deuda externa con España, Inglaterra y Francia.
Estos países ocuparon el puerto de Veracruz para exigir el cumplimiento de
los compromisos financieros y los conservadores exiliados en Europa
aprovecharon la coyuntura diplomática para buscar un monarca extranjero para
México. La elección recayó en
el Archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, apoyado por el Imperio
Francés.
El
clero se fortaleció en la esperanza de restituir el antiguo orden y por ello
también jugaría un papel decisivo durante el Segundo Imperio Mexicano. El
arzobispo Antonio Labastida regresó de su exilio en Europa, para servir como
presidente del consejo de Estado del emperador, pero éste se negó a
restaurar los privilegios de la Iglesia católica, reconoció algunas de las
Leyes de Reforma y nombró a algunos liberales moderados en su gabinete
haciendo a un lado a los conservadores que lo entronizaron. En el fondo
Maximiliano era liberal, y esto se reflejó en el decreto que otorgaba la
libertad de cultos y la nacionalización de los bienes del Clero en 1865.
Juaristas
e imperiales pelearon sin descanso hasta que las guerras en Europa obligaron a
Napoleón III a retirar sus tropas y con ello los liberales fueron ganando
terreno. Maximiliano intentó reconciliarse con el partido conservador paro ya
era demasiado tarde. Carlota se embarcó a Europa para solicitar el apoyo del
Emperador de los franceses y del Papa Pío IX, pero todo fue en vano.
Maximiliano finalmente cae preso en Querétaro por el general liberal Mariano
Escobedo y fue fusilado junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro
de las Campanas el 19 de junio de 1867.
Los Religioneros y la Pax Porfiriana.
A
la muerte de Benito Juárez en 1872 toma el poder Sebastián Lerdo de Tejada,
quien se pronunció por la estricta aplicación de las Leyes de Reforma y
emprendió especial ataque en contra de los jesuitas que habían regresado a México
y las Hermanas de San Vicente de Paul. De 1874 a 1876 comenzaron los
levantamientos en el centro- occidente del país, principalmente en los
estados de Guanajuato, Michoacán y
regiones aisladas de Querétaro y Jalisco con pocos jefes identificados, pero
de los que destaca Eulogio Cárdenas, tío abuelo del General Lázaro Cárdenas.
A estos alzados se les conoció como “Religioneros”.
Durante
estos brotes algunos ministros de culto protestantes fueron atacados y a la
par de los religioneros, hubo otros actores de la violencia: los bandoleros
que aprovecharon la ocasión para hacer de las suyas y los oposicionistas que
utilizaron también el momento para combatir al gobierno. En este grupo se
encontraba Porfirio Díaz en su intento de tomar la presidencia de la República.
Fue él y no los religioneros, quien finalmente logra derrocar al gobierno de
Lerdo; aquellos se desbandaron al ver que su movimiento carecía ya bases,
pues el Díaz se apresuró a pactar con la Iglesia católica con el aval de El
Vaticano: el régimen suavizaría la aplicación de las Leyes de Reforma si el
clero se comprometía a concentrarse exclusivamente en su labor pastoral.
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