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La Guerra Cristera (1926-1929) 1/

Una breve perspectiva

Lic. Juan Carlos Esparza R.
Aguascalientes, México.

 

Por los siglos de los siglos.

La expulsión de los jesuitas.

Durante el siglo XVIII el movimiento de la Ilustración se expandía por casi toda Europa, siendo una de sus premisas el fin del poder compartido entre la Iglesia y el Estado. Fueron principalmente autores en lengua francesa como Russeau y Voltarie quienes ya proponían la separación de los poderes y reducir la influencia de la Iglesia en la vida política; sus  ideas fueron condenadas, aunque pero poco a poco, los monarcas comenzaron a aceptarlas.

En España, Carlos III implantó una serie de medidas modernizadoras conocidas como las Reformas Borbónicas, para recuperar el esplendor que su imperio tuvo doscientos años atrás. En materia religiosa disminuyó la influencia de la Inquisición y sustituyó por laicos a los clérigos en los cargos administrativos, pero la medida que desató mayor escándalo fue la expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus dominios.

Esta orden religiosa había acumulado severas acusaciones por su participación en conspiraciones y atentados en contra de cuatro monarcas en Francia y Portugal y de influir para su beneficio en tratados de límites entre los territorios de Paraguay y Brasil. Al ser expulsados de Portugal en 1759, se refugiaron en el último estado católico poderoso: España.

El nuevo gabinete de Carlos III se conformó de políticos jóvenes e ilustrados, quienes consideraban un peligro latente a la Compañía de Jesús a causa de sus antecedentes y de su voto de obediencia absoluta al Papa, y tras encontrarse la participación de estos religiosos en un violento motín en Madrid, llegó el pretexto ideal para declarar su expulsión.

En el reino de la Nueva España, el decreto llegó el 25 de julio de 1767 y fue aplicado con todo rigor por el virrey Carlos Francisco de  Croix y por el poderoso ministro de Indias José de Gálvez en los siguientes términos:

Hago saber a los habitantes de este Imperio, que el Rey nuestro Señor… se ha dignado a mandar… se extrañen de todos sus dominios… a los religiosos de la Compañía… pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran Monarca… que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del Gobierno.

Así, fueron apresados 678 jesuitas y embarcados rumbo a Italia, pero en varios puntos del reino brotaron violentos motines, principalmente en Guanajuato y San Luis Potosí, donde José de Gálvez encabezó la represión de las revueltas y ordenó decapitar a los rebeldes y exhibir las cabezas en plazas y cerros, mientras que en Europa el rey de España presionó al Papa hasta lograr la supresión de la orden en 1773.

La independencia de México y el Clero.  

En el estallido de la Guerra de Independencia los sacerdotes jugaron un papel esencial en la lucha al encabezar en sus curatos la rebelión en contra del mal gobierno español que  negaba a los americanos los principales en la dirección de su propio país. Las masas seguían ciegamente a Hidalgo, quien enarbolaba la imagen de la Virgen de Guadalupe y le imprimió a la lucha un aspecto religioso.

A diferencia de los curas de pueblo, los obispos en las grandes capitales se plegaron al lado de los realistas al darse cuenta de la violencia desatada, tal es el caso de Miguel Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán, quien lanzó la excomunión a Hidalgo y a cuantos lo secundaran. Además de amenazas y excomuniones, Abad y Queipo y otros obispos como Juan Ruiz de Cabañas en Guadalajara y Francisco Xavier de Lizana, Arzobispo de México y Virrey provisional en 1810, formaron milicias para combatir la rebelión y este último comparaba al cura de Dolores con el demonio.

En 1812 se promulga en España una constitución de corte liberal con varios artículos limitaban la acción del clero en la vida política y la posesión de bienes, por lo que pronto fue rechazada por varios sectores. En la Nueva España su vigencia fue suspendida porque de alguna forma justificaría la lucha insurgente. Al acceder a trono Fernando VII, abolió la Constitución y restituyó los poderes del clero hasta que una revolución en España lo obligó a jurarla nuevamente en 1820.

En México varios obispos y nobles, decepcionados del rey conspiraron para abolir esta ley mediante lo que antes combatieron: la separación definitiva. El virrey Juan Ruiz de Apodaca envió a Agustín de Iturbide para combatir a los últimos insurgentes encabezados por Vicente Guerrero, pero aquél formaba parte de la conspiración realizada junto con el obispo de Puebla Joaquín Pérez Martínez, el canónigo Matías Monteagudo, y el inquisidor Antonio Tirado y Priego. Iturbide logró allegarse a Guerrero y proclamó la independencia mediante el Plan de Iguala y sus tres garantías: Libertad de México, Unión entre americanos y españoles y Conservación de la Religión Católica.

Al coronarse Iturbide emperador de México, varios de aquellos obispos conspiradores formaron parte de su corte, pero quedaba el problema del reconocimiento internacional y la amenaza de la masonería introducida por el representante norteamericano Joel R. Pointsett, asuntos que entre otros, terminaron en el fracaso del Primer Imperio Mexicano.

Fue hasta el primer gobierno republicano de Guadalupe Victoria que se retomó el asunto de las relaciones exteriores, y muy en especial con Santa Sede. En 1825 el nuevo Papa León XII, condenó en su encíclica Etsi iam dieu la “deplorable situación” que padecía la Iglesia y el Estado a causa de la guerra estallada desde 1810 y llamaba a la reconciliación con Fernando VII.

El gobierno mexicano impidió su difusión, pero en Tampico, un español lo publicó por su cuenta. Ante ello, el gobierno lo dio a conocer en la Gaceta Oficial, lo que funcionó mejor de lo esperado, pues la opinión general fue considerar el documento como falso.

Los obispos ordenaron a los párrocos, explicar –ahora sí- la justicia de la Independencia, y decir que el Papa estaba engañado por Fernando VII, y que debían obedecerle en todos los asuntos de religión, “y por ningún motivo en los que toca al Estado”. A pesar de los constantes esfuerzos diplomáticos, la República Mexicana no pudo renovar el ejercicio del Patronato, forma jurídica otorgada por el Vaticano a los monarcas españoles desde la conquista, por la cual la Corona tenía facultades sobre asuntos eclesiásticos tales como nombramientos y restricciones de los clérigos, más nunca sobre la Doctrina.

La Masonería y la expulsión de los españoles.

A pesar la Independencia muchos aspectos de la vida nacional seguían siendo exactamente igual que en la época virreinal. La primera Constitución de 1824 oficializaba la religión católica sin tolerancia de ninguna otra y conservó los privilegios del clero y el ejército. De esta época data la actividad de las logias masónicas a falta de verdaderos partidos políticos: el Rito Escocés, integrado por antiguos militares realistas, no deseaba alterar gran cosa la sociedad y costumbres anteriores, y el Rito de York, traído a México por Pointsett, fue seguido por políticos de origen insurgente quienes veían en el país del norte el mejor ejemplo a seguir. Pointsett fue el iniciador del odio entre partidos, pues aprovechó el desprecio a los españoles por parte de algunos sectores para promover la división política. Había sido espía en Sudamérica y desde su llegada a México en tiempos del Imperio, nunca disimuló su desprecio hacia los mexicanos ni en la pretensión posesionarse de su territorio.

Algunos inconformes con la vida independiente conspiraron volver al dominio español, el caso más notorio fue el del fraile dieguino Joaquín Arenas en 1827, quien fue descubierto y fusilado junto con el dominico español Francisco Martínez. Esto sirvió para dar la razón a los yorkinos sobre el peligro que aún significaba España para México, y por tal motivo se decretó la expulsión de los españoles para el 20 de diciembre de ese mismo año.

Las primeras Reformas.

De 1829 a 1833 llegó al poder el general Antonio López de Santa Anna apoyado por el grupo liberal, que vio el momento preciso de establecer las reformas necesarias para una nueva vida nacional mediante la reducción de la influencia del clero en la vida política a través la extinción de su fuente principal: los fueros y privilegios. Los principales impulsores de esta idea fueron José María Luis Mora y el vicepresidente Valentín Gómez Farías, a quien Santa Anna delegaba el poder cada vez que decidía enfermarse y reposar en su hacienda Manga de Clavo, en Veracruz.

La primera de las Reformas de 1833 fue la secularización de las misiones de la Alta California, seguida de la abolición de las leyes civiles por las que el Estado podía imponer la fuerza para el pago del diezmo. Siguió la supresión de las órdenes monásticas por ir en contra de la libertad del individuo y finalmente la eliminación de la Universidad, sustituida por la Dirección de Instrucción Pública. A pesar de todo, no se dejaba desamparada a la Iglesia católica, pues se pensó en una remuneración económica a los clérigos a cambio de la gratuidad de la administración de los sacramentos.

Al grito de “Religión y fueros” hubo levantamientos a fines de mayo de 1834 en Morelia y Tlalpan; Santa Anna acudió a los ruegos de quienes lo visitaban en su hacienda para que pusiera fin a las atrocidades de Gómez “Furias” y pronto salió, en un doble juego, a batir a los alzados y a derogar todos los decretos perniciosos para la Iglesia y el Ejército. Así, las primeras reformas liberales de 1833 fueron eliminadas y Gómez Farías y Mora se vieron obligados a huir, a Zacatecas y a Francia, respectivamente.

La Rebelión de los Polkos.

Durante la injusta invasión de los Estados Unidos a México, la precaria situación del gobierno contribuyó a una mala defensa del país; el mal armado e improvisado ejército mexicano iba de derrota en derrota. Nuevamente asumíó Gómez Farías la presidencia provisional y el 11 de enero de 1847, ante la lamentable situación del país, expidió un decreto que autorizaba la disposición y venta de los bienes eclesiásticos para la defensa nacional. Pronto estalló –en plena guerra contra el invasor- una revuelta en contra del gobierno. Las calles de la ciudad de México sufrieron once días de tiroteos entre jóvenes devotos, miembros de las mejores familias y oficiales del gobierno al grito de “religión y fueros”. El clero exigió la revocación de los decretos y la salida de Gómez Farías mientras que los jóvenes alzados presionaban al arzobispo Irizarri a entregar más fondos para su rebelión si no quería que se pasaran al bando del gobierno. Pronto fueron despreciados por el pueblo y apodados “Polkos” en alusión al presidente de Estados Unidos James K. Polk.  Santa Anna regresó a restablecer la paz y negoció un préstamo de cien mil pesos a cambio de los quince millones calculados por Gómez Farías, que no sirvió para impedir que la bandera de las barras y las estrellas ondeara en el Palacio Nacional el día de la Independencia de México.

Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857.

Durante el onceavo y último gobierno de Santa Anna, una dictadura del terror de 1853 a 1855, los conservadores le otorgaron facultades ilimitadas hasta convertirlo prácticamente en un monarca, pero fue derrocado y exiliado al triunfo de la Revolución de Ayutla en 1855. Pronto se advirtió la enorme necesidad de brindarle a México una Carta Magna que regulara el excesivo poder del clero y el ejército y que garantizara la igualdad y la libertad entre los ciudadanos.

Al percatarse de los trabajos del Constituyente convocado en 1856, las clases privilegiadas temieron perder sus poderes, por la promulgación de las Leyes Juárez y Lerdo que decretaban la desamortización de bienes eclesiásticos y la abolición de fueros e inmunidades eclesiásticas, respectivamente. Vino después la Ley Iglesias, que al fin prohibía la coacción civil en el cobro de los derechos parroquiales.

A consecuencia de estas leyes se dieron algunos levantamientos sin mayores consecuencias hasta que el Congreso promulgó 5 de febrero de 1857 la primera Constitución que podía llamarse enteramente liberal, que aun así fue jurada por el ya anciano y enfermo Valentín Gómez Farías frente a un crucifijo. El arzobispo de México, Antonio Labastida y Dávalos condenó el nuevo código y ordenó que se negaran los sacramentos a quienes la jurasen.

El 1° de diciembre de aquel mismo año, Ignacio Comonfort tomó la presidencia, pero antes de dos semanas decidió desconocer la Constitución y se adhirió  a los conservadores al mando de Félix Zuloaga mediante el Plan de Tacubaya. Creyó que de esta forma su gobierno sería fuerte gracias al apoyo de las corporaciones, pero en realidad sólo fue un instrumento de las mismas, pues un nuevo pronunciamiento lo derrocó y llevó a la presidencia a Zuloaga. Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió el poder ejecutivo, acorde a la Constitución, y con la capital ocupada por los conservadores tuvo que huir hacia Guanajuato con su gabinete y desde entonces hubo dos gobiernos simultáneos en el país: el liberal y el conservador.

La nueva guerra civil comenzó en enero de 1858 con la persecución de los liberales y desde entonces, uno y otro bando cometieron toda clase de excesos. Mientras que el general conservador Leonardo Márquez asesinó a todos sus prisioneros juaristas, la “gente decente” y los dignatarios de la iglesia celebraron este hecho con misas y fiestas. Los liberales por su parte, profanaban las iglesias, fusilaban párrocos y toleraban el bandidaje de sus guerrilleros.

En 1859 se publicaron por primera vez las Leyes de Reforma anteriores más otras nuevas elaboradas por Melchor Ocampo :

Ley de exclaustración de monjas y frailes, y extinción de corporaciones eclesiásticas.

Ley de matrimonio civil.

Ley de registro civil y secularización de cementerios.

Ley de limitación de días festivos y prohibición de asistencia oficial a ceremonias religiosas por funcionarios públicos.

Ley de libertad de cultos.

En ambos bandos se buscó el apoyo de los Estados Unidos para la guerra, y para los liberales la más grandes críticas a este respecto fue la firma del tratado McLane-Ocampo, en el que a cambio de reconocimiento y apoyo económico y militar contra los conservadores, se concedería la cesión a perpetuidad de México a los Estados Unidos del derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec. Eran conocidos los problemas entre el norte y el sur que pronto desencadenarían la Guerra de Secesión y debido a esto, la mayoría norteña en el Congreso estadounidense rechazó el tratado por beneficiar sólo al Sur.

Gracias también al repunte de los juaristas y a las gestiones de los diplomáticos liberales en Washington, los barcos españoles que contrató en Cuba el general conservador Miguel Miramón en Cuba, fueron detenidos acusados de ser piratas, lo que influyó para su derrota definitiva. El 11 de enero de 1861 Juárez arribó a la capital, en la misma fecha que tres años antes, los conservadores habían tomado el poder.

Consolidados en el poder, los liberales actuaron más bien como jacobinos: a la aplicación de las Leyes de Reforma siguió la destrucción de algunos templos, la confiscación y el remate de los bienes, saqueo de archivos y pinacotecas y destierro de obispos. En represalia, los conservadores comenzaron la aniquilación selectiva de los liberales; pronto importantes hombres de la Reforma fueron asesinados brutalmente; la nueva Ley fue aplicada con más rigor que nunca.

La Iglesia y el Estado en el Segundo Imperio.

Instalado en la presidencia, Juárez se topó con la escasez de fondos en el erario a causa de  la guerra y declaró la moratoria de pagos de la deuda externa con España, Inglaterra y Francia. Estos países ocuparon el puerto de Veracruz para exigir el cumplimiento de los compromisos financieros y los conservadores exiliados en Europa aprovecharon la coyuntura diplomática para buscar un monarca extranjero para México.  La elección recayó en el Archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, apoyado por el Imperio Francés.

El clero se fortaleció en la esperanza de restituir el antiguo orden y por ello también jugaría un papel decisivo durante el Segundo Imperio Mexicano. El arzobispo Antonio Labastida regresó de su exilio en Europa, para servir como presidente del consejo de Estado del emperador, pero éste se negó a restaurar los privilegios de la Iglesia católica, reconoció algunas de las Leyes de Reforma y nombró a algunos liberales moderados en su gabinete haciendo a un lado a los conservadores que lo entronizaron. En el fondo Maximiliano era liberal, y esto se reflejó en el decreto que otorgaba la libertad de cultos y la nacionalización de los bienes del Clero en 1865.

Juaristas e imperiales pelearon sin descanso hasta que las guerras en Europa obligaron a Napoleón III a retirar sus tropas y con ello los liberales fueron ganando terreno. Maximiliano intentó reconciliarse con el partido conservador paro ya era demasiado tarde. Carlota se embarcó a Europa para solicitar el apoyo del Emperador de los franceses y del Papa Pío IX, pero todo fue en vano. Maximiliano finalmente cae preso en Querétaro por el general liberal Mariano Escobedo y fue fusilado junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867.

Los Religioneros y la Pax Porfiriana.

A la muerte de Benito Juárez en 1872 toma el poder Sebastián Lerdo de Tejada, quien se pronunció por la estricta aplicación de las Leyes de Reforma y emprendió especial ataque en contra de los jesuitas que habían regresado a México y las Hermanas de San Vicente de Paul. De 1874 a 1876 comenzaron los levantamientos en el centro- occidente del país, principalmente en los estados de Guanajuato, Michoacán  y regiones aisladas de Querétaro y Jalisco con pocos jefes identificados, pero de los que destaca Eulogio Cárdenas, tío abuelo del General Lázaro Cárdenas. A estos alzados se les conoció como “Religioneros”.

Durante estos brotes algunos ministros de culto protestantes fueron atacados y a la par de los religioneros, hubo otros actores de la violencia: los bandoleros que aprovecharon la ocasión para hacer de las suyas y los oposicionistas que utilizaron también el momento para combatir al gobierno. En este grupo se encontraba Porfirio Díaz en su intento de tomar la presidencia de la República. Fue él y no los religioneros, quien finalmente logra derrocar al gobierno de Lerdo; aquellos se desbandaron al ver que su movimiento carecía ya bases, pues el Díaz se apresuró a pactar con la Iglesia católica con el aval de El Vaticano: el régimen suavizaría la aplicación de las Leyes de Reforma si el clero se comprometía a concentrarse exclusivamente en su labor pastoral.