Historia Moderna/ Validos

Entre los siglos XVI y XVII, en el transcurso de unos años, se perfila un importante cambio en la dirección política de los principales Estados europeos. Monarcas como Felipe II de Hagsburgo, Isabel I Tudor o Enrique IV de Borbón, que habían ejercido directamente el poder e impreso un fuerte sello personal en sus respectivos gobiernos, desaparecen sucedidos por una generación de soberanos propensa a valerse de ministros plenipotenciarios. Aunque pudiera parecer que este panorama es el resultado de la tradicional y periódica alternancia de reyes dotados de gran capacidad de dirección política y de soberanos más débiles, subyugados por influyentes favoritos, hay que tener en cuenta el hecho de que las sucesiones al trono de reyes muy jóvenes, como en el caso de Felipe III de Hagsburgo, o incluso menores de edad, como el de Luis XIII de Borbón, constituyeron siempre un terreno abonado para el desarrollo de estrategias aristocráticas encaminadas a condicionar y limitar la autonomía del soberano.

No obstante, hay más razones que nos llevan a considerar que la aparición del ministro privado constituye un fenómeno inédito, característico de una fase específica de la evolución del Estado moderno. Así al menos lo confirma la difusión del modelo por las principales cortes europeas. No puede ser fortuito, sin embargo la simultaneidad de personajes como Olivares, Buckingham y Richelieu al frente de las mayores potencias de la época. Es más, podríamos decir que durante buena parte del siglo XVII constituye una regla, y no una excepción, en toda Europa, la entrega de la potestad regia en manos de un único ministro dando lugar a lo que los franceses llamarían ministèriat y los españoles valimiento.

Por otra parte, la figura del ministro del rey, característica de este siglo, aunque a simple vista pueda conservar ciertos rasgos típicos de la imagen clásica del favorito (como su dependencia de la relación amistosa y de confianza mantenida con el soberano), más bien responde a una exigencia de dirección política de los asuntos cotidianos y de coordinación de los aparatos burocráticos que el aumento de funciones y prerrogativas estatales, la convierten en gravosa y urgente; de esta forma esta figura anticipa y anuncia de alguna manera, aunque en un contexto que aún no lo permite, la formación de un sistema ministerial completo, la del primer ministro del XVIII.

Es necesario mencionar además, la insólita extensión de los poderes regios delegados en ministres o validos, esto es, el poder que éstos están en condiciones de concentrar. El modelo propuesto por el Duque de Lerma en los primeros años de su privanza, que los observadores de toda Europa ven como una amenazante alineación de los más fundamentales atributos de la realeza, se extiende rápidamente. Así lo testimonian, sobre todo, los embajadores venecianos, como Gerolamo Soranzo, que en un informe enviado desde la corte del emperador Matías, emperador de Alemania e hijo de Maximiliano II, señalaba que Melchor Khlesl, se había convertido en dueño absoluto de la voluntad del emperador e incluso, superaba el dominio que en España ejercía el Duque de Lerma y ponía como ejemplo el hecho de que “su autoridad llega tan lejos que, tras haberse resuelto y establecido un negocio en el Consejo de Estado, y firmado incluso por el mismo Emperador, él a su antojo lo altera, lo muda lo resuelve y, sin consultar con los otros consejeros, se lo hace firmar de nuevo a César, y hace los despachos”[1]. Khlesl, un oscuro canónigo ya a punto de ser cardenal, según este mismo embajador, se había hecho riquísimo habiendo obtenido más de 40.000 táleros de ingresos, y había sido hecho obispo de Viena y de Ciudad Nueva.

En otra crónica de la época realizada por el entonces embajador en Paris, Ángelo Correr, anotaba la forma en la que Richelieu disponía de todo soberana y despóticamente. Perteneciente a una influyente familia aristocrática, este religioso y político francés (París, 1.585-1.642), fue uno de los inspiradores del absolutismo monárquico en Francia. Con poco más de veinte años había sucedido a su hermano Alphonse en el obispado de Luçon. En el contexto de las luchas religiosas entre católicos y protestantes y de las intrigas de ambos bandos en los estamentos próximos al poder, pronto se significó como un ambicioso y hábil político. Elegido diputado del clero ante los Estados Generales en 1.614, trabajó con el partido “devoto” y se convirtió en uno de los principales consejeros de María de Médicis, viuda del asesinado Enrique IV y regente de su hijo Luis XIII. Concini, consejero de la reina, lo nombró secretario de Estado para la Guerra, y como tal formó parte del Consejo Real. Tras el asesinato de Concini, ordenado por Luis XIII a instancias de Albert de Luynes, siguió a la regente al destierro. Alzada ésta en armas contra su hijo, Richelieu logró hábilmente que ambos se reconciliaran y firmasen los tratados de Angulema en 1.619 y de Angers al año siguiente. Merced a esta intervención recibió en 1622 el capelo cardenalicio. En abril de 1624 retornó al Consejo Real, del cual se convirtió en jefe meses más tarde. Desde 1.625 asumió la dirección de los asuntos de gobierno obrando más como rey que como ministro. Según el embajador Correr “ de ministro no tiene ya sino el nombre y sólo el nombre fáltale justamente para ser rey, vuelto él sólo director de la guerra y la paz, distribuidor de la hacienda, dispensador de los cargos de la Corona y de las dignidades eclesiásticas”.[2]

Richelieu, cuya fortuna personal había alcanzado dimensiones fabulosas, vivía según las crónicas de la época con más lujo que el rey, circundado y protegido por cien guardias de corps, más dos compañías de hombres de armas y de caballería ligera, así como un regimiento de infantería de marina. Diez años después las mismas crónicas dirían de Mazarino, del que había sido mentor, que “él sólo es el director de todos los negocios del reino”. A la muerte de Richelieu y la de Luis XIII en 1643, Mazarino, que presidía el Consejo de la Regencia al ser Luis XIV menor de edad, se hizo cargo del gobierno de Francia y de la dirección de la Guerra contra España y el Imperio alemán.

Si nos alejamos de las interpretaciones clásicas del fenómeno del valimiento como resultado de un auge de personalidades brillantes frente al déficit de autoridad en los débiles soberanos, podemos encontrar una explicación a este fenómeno en el hecho de encontrarnos en una época en la que se ha producido un distanciamiento entre las tareas ceremoniales y caballerescas propias de la realeza, únicas para las que un monarca está educado, y la dificultad cada vez mayor de coordinar y dirigir la compleja maquinaria gubernamental. Por tanto, habría que señalar como una de las causas, la posibilidad de trasladar al ministro parte de la carga burocrática acumulada sobre los hombros del monarca, para permitir a éste, dedicar su tiempo a actividades como ceremonias sagradas, fiestas y viajes, que sólo resultan ociosas si las observamos con una mirada anacrónica, puesto que constituyen aspectos fundamentales del ejercicio público, y por tanto, político, de la soberanía. No obstante esta explicación es insuficiente para explicar por qué, con el cambio de siglo, se produce una organización distinta del proceso de toma de decisiones y hay que echar mano de explicaciones tales como el cambio del clima internacional y el periodo de relativa paz establecido en Europa antes de la Tregua de los Doce Años y durante ésta, aunque no tendría mucha base si tenemos en cuenta el mantenimiento de este fenómeno durante la posterior Guerra de los Treinta Años.

Otra explicación podría ser la alteración que se produce en el delicado equilibrio entre monarquía y aristocracia, en favor de ésta evidentemente, que se produce por la pérdida de control de gobierno por los soberanos. Este cambio significaría la transformación más general de la nobleza terrateniente como clase social, en clase dirigente política y, el ministro del rey constituiría, en otras palabras, una especie de caballo de Troya de la aristocracia para la conquista pacífica de la dirección del Estado. Especialmente en la parte de Europa donde se produce una especie de refeudalización es, donde el valimiento representaría el culmen de una ofensiva política aristocrática encaminada a desviar en beneficio propio los recursos del Estado.

Uno de los papeles más importantes que desempeña el valido es el de dispensador de la gracia soberana. Esta función en lugar de ocupar un papel secundario representaría uno de sus componentes más esenciales y fundamental para explicar la consolidación del privado. El notable incremento del patronazgo regio, insuficiente empero para satisfacer la enorme presión de la demanda de mercedes, habría impuesto en efecto la necesidad de interponer un filtro entre el monarca y la gran masa de pretendientes. Es decir, que el ministro estaría en mejores condiciones que el soberano en utilizar y optimizar las potencialidades del patronazgo, orientándolo a un uso político y exponiéndose en lugar del rey a las tensiones derivadas de su empleo.

No se puede hablar sin embargo de este fenómeno sin preguntarse, qué influencia más general ejerció sobre la nobleza europea, en la primera década del XVII, el asentamiento y consolidación en la monarquía española del modelo “aristocrático” de gobierno propuesto por Lerma. Conforme a la expresión lapidaria y exagerada del príncipe de Condé, cuando regresa a París desde el exilio en julio de 1610, apenas dos meses después del asesinato de Enrique IV: ”la época de los reyes se acabó, se inicia la de los príncipes y los grandes”. Poco después, todos los príncipes de la sangre eran admitidos en un conseil tan numeroso que se presentaba a los ojos de los contemporáneos como un pequeño parlamento. Se realizaba así en Francia el principio que Lerma había aplicado ya al Consejo de Estado y a la distribución de los cargos políticos en la monarquía española, es decir, el derecho de la alta aristocracia a un papel preeminente en la dirección política del Estado y en el reparto del patronazgo.

Dicha reivindicación, basada en la visión tradicional de un soberano que reina con el consejo y la ayuda de sus nobles, había debido enfrentarse, en las últimas décadas del XVI, con un estilo monárquico, el impuesto por Felipe II, Enrique IV e Isabel I, muy poco proclive a aceptar vínculos rígidos de la discrecionalidad soberana a la hora de asignar cargos y de distribuir mercedes. Estos soberanos por el contrario, habían gobernado con ayuda de reducidos grupos de consejeros, cuya elección, dictada por exigencias de eficacia política, estaba desvinculada de la lógica de representación social que inspiraba las pretensiones aristocráticas. Confiar a un ministro la directa conducción de los asuntos de gobierno resultaba, pues, el aspecto crucial de una transformación más general del ejercicio de la realeza cuyos efectos resultan visibles.

Al igual que las opciones de Felipe III contradecían radicalmente las directrices de fondo del reinado del Rey Prudente, las de María de Médicis, al margen de la entrega de las riendas del gobierno a Concini, divergían de la política del desaparecido soberano, Enrique IV que, declinando el apoyo de la alta nobleza, había confiado responsabilidades ministeriales sólo a un reducido grupo de fidelísimos. De forma no muy diversa, la sucesión de Jacobo I Estuardo en el trono de los Tudor volvía a despertar las esperanzas de una restauración de los grandes oficios nobles, que en Inglaterra -igual que en Castilla- se habían vaciado de significado político en el curso de la segunda mitad del siglo XVI.

Pero este cambio iba acompañado sobre todo, en muchos casos, por una ruptura de la lógica que había presidido la remuneración del servicio regio. Tanto Isabel como Felipe II, habían utilizado con relativa parsimonia el patronazgo, estableciendo que sus cortesanos y funcionarios debían servir largo tiempo y fielmente antes de verse asignada una merced de prestigio. Además en cuarenta y dos años de reinado solo había nombrado dos marqueses y seis condes, manteniendo prácticamente estable el número de pares. Su sucesor Jacobo I, por el contrario, exactamente igual que Felipe III, que amplió en muy poco tiempo las filas de los titulados, construyéndose así una fama personal de soberano liberal; el soberano británico duplicaba así en unos cuantos años el número de pares, triplicaba el de caballeros, y creaba el baronatage[3] . La abundancia de títulos, allá donde se producía una venta de los mismos más o menos enmascarada, respondía naturalmente a las apremiantes exigencias presupuestarias de unas haciendas regias exhaustas, endeudadas por un incremento de los gastos (sobre todo en los militares), superior al de los ingresos y esto explicaba el conocido fenómeno de la venalidad de los oficios.

La principal explicación de esta ruptura de las reglas que durante unas décadas presidieron la defensa de la relativa independencia de las decisiones de los reyes es, el asentamiento en la Corte de facciones hegemónicas. Felipe II, consideraba casi un anatema la conquista del monopolio político por parte de una facción, y a ese mismo principio se había atenido también la otra rama de los Austrias en la época de Maximiliano II y de Rodolfo II. De forma semejante también Isabel tendía a equilibrar a los diversos grupos que se disputaban el favor soberano, y eso aún cuando su inclinación personal la empujara a preferir a hombres como Essex. La aparición del privado o ministériat significaba, en cambio, un total trastrueque en dicha práctica y la legitimación de la preponderancia de un solo grupo, cuando no incluso la instauración de un sistema de facción única.

La competición cortesana por el control de los recursos de la Corona debilitaba además las tradicionales agrupaciones de clanes nobiliarios, provocando una progresiva autonomía de individuos y grupos con respecto a los antiguos vínculos de pertenencia. El acceso a la gracia real estaba mediado, en efecto, por un cerrado enfrentamiento hegemónico que producía un continuo cambio de los esquemas del patronazgo. En estas condiciones no era difícil ver cómo los clientes abandonaban a sus protectores en busca de apoyos más influyentes, o cono se esforzaban por mantener relaciones en ambientes distintos. En el centro de este campo de fuerzas en pugna por el poder y la distribución del patronazgo, el soberano estaba lejos de ser el individuo aislado y omnipotente descrito en numerosas biografías. La Corte lejos de ser un espacio vacío dominado por la iniciativa regia, estaba controlada por las facciones de los privados, al frente de ramificadas clientelas, divididos por intereses dispares y a veces, hasta por distintos credos religiosos. Ello obligaba al soberano a una atenta labor de mediación, encaminada a mantener el equilibrio de un sistema que, poseía el fundamental mérito de favorecer la integración política: el auge de la Corte como única sede del poder, del reparto de mercedes, y de la toma de decisiones certificaba que el conflicto se ejercería en su interior.

Llegados a este punto hay que cuestionarse qué efectos produjo la introducción de la práctica del valimiento: esto es, de qué modo se estructura la distribución de un patronazgo ya enteramente en manos del valido; cómo se transforma la clientela del ministro del rey una vez que está en condiciones de disponer a placer de los recursos de la Corona; y qué nuevos puntos de referencia, por último, orientan la pugna entre las facciones en un contexto dominado por un alter ego del soberano. La distinción entre un rey que reina y un ministro que gobierna, contribuye a explicar la transformación de los esquemas de la lucha política. Se destinan ingentes recursos estatales a reforzar el consenso al régimen. Se emplea un nuevo tipo de propaganda, tendente a sostener la presencia y la actividad del valido. Se admite que el ministro del rey puede marginar legítimamente y, en la medida de lo posible, eliminar del circuito político a sus adversarios. Más aún, que puede redibujar en beneficio de su facción la jerarquía de los honores y los estatus.

La principal consecuencia de todo ello es la formación de un conglomerado de aliados, parientes y hechuras del ministro que, gozando del monopolio del poder estatal, se organiza como facción gubernamental o, según una expresión de la época, en facción valida. Esto es, una facción que al disponer del control de los nombramientos, necesario para dar sentido a la acción política, se beneficia adueñándose de los puntos neurálgicos de la administración, los que regulan y delimitan el acceso a los recursos. Y al mismo tiempo se convierte en un ramificado sistema de clientelas, unificadas por una nueva fe , paralela a la lealtad debida al monarca, pero profesada al ministro en una estructura de doble fidelidad. Lógicamente con la aparición de nuevas formas de clientelismo ministerial van ligados nuevos fenómenos de corrupción que son, el principal blanco polémico de todas las críticas a la acción de gobierno y por tanto el debate sobre ella es parte esencial de la lucha política. Es más, en determinados contextos, la crítica de la corrupción constituye el instrumento legitimador de la oposición a las alternativas gubernamentales. El sistema de facción única tiende en efecto a provocar la agrupación de todos los excluidos y la formación de alineaciones alternativas, toleradas pero apartadas del núcleo del proceso de toma de decisiones.

Si el ascenso al poder de Lerma en España, había representado para la aristocracia europea el símbolo del nacimiento de una época de renovada asociación en el gobierno del Estado, la difusión de la práctica del valimiento, tuvo un significado distinto. En Francia, los príncipes y grandes del reino, tras haberse rebelado más de una vez contra Concini y haber obtenido notables concesiones políticas en la época de la regencia, decidían en 1619 oponerse también al ministro de Luis XIII, Lyunes; motivaba esa decisión el hecho de que éste no les permitía tener, en los asuntos de gobierno, el papel del que se creían merecedores, pues los parientes y aliados del favorito controlaban los consejos. Pocos años después, la consolidación en el poder de Richelieu, que había identificado su política con la causa del restablecimiento del poder real, los forzará de nuevo a la rebelión y a una serie de repetidas conspiraciones y conjuras. Y el régimen de Olivares irá evolucionando asimismo de forma muy contraria a las pretensiones y expectativas de la alta aristocracia castellana.

El mantenimiento de los privados a lo largo de varias décadas se debió a las posibilidades que brindaba de reforzar la autoridad real en un contexto de crecientes dificultades. A los ojos de los soberanos se presentó en efecto, en cierto momento, como el sistema más idóneo para imprimir agilidad y eficacia al proceso de decisiones y para activar fuerzas contundentes en apoyo de las políticas de gobierno. Hombres como Olivares, surgido como protagonista en la lucha de facciones aristocráticas que dividía la corte de Felipe III, o como Richelieu, que había conspirado contra su soberano contribuyendo a organizar la rebelión de los grandes, se habían convertido, una vez en el poder, en los más tenaces defensores de la necesidad de librar al Estado de la presión de las facciones y de contener el exagerado poder de la aristocracia de alto rango.

No es de extrañar, por tanto que a pesar de que el sistema de valimiento se mantuviera a lo largo de varios decenios sea curioso resaltar, la coincidencia que se produciría en Felipe III, que en su lecho de muerte se arrepentía de haber entregado el poder a Lerma, y Luis XIII, que desaparecido Luynes, prometía solemnemente no volver a tener en el futuro ningún favorito.

[1] Francesco Benigno “La sombra del rey” Madrid 1994

[2] Francesco Benigno “La sombra del rey” Madrid 1994

[3] Concesión del título de Barón y sus prebendas.