Los expondré en tres grandes apartados, diferenciados según los agentes que en ellos intervienen:
 
1. Conflictos verticales. Entre grupos con relaciones de dependencia, es decir, los enfrentamientos antiseñoriales.
 
2. Conflictos horizontales. En el seno de una misma clase social (el campesinado), o entre grupos diferentes donde no se establecieran relaciones de dependencia jurídica (campesinos e hidalgos).

3. Fenómenos de "contrasociedad", referentes a los grupos sociales con formas de vida marginales, vagabundos y bandoleros, principalmente.

III.1. Conflictos verticales

Vamos a distinguir, en razón de las causas que los promueven, tres tipos: resistencias a la presión fiscal, enfrentamientos por
términos y su aprovechamiento y rebeldía frente a los oficiales de la Justicia.

III.1.1. Resistencia al pago de impuestos

Los enfrentamientos provocados por la excesiva carga del fisco son los más importantes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, llegando a producir movimientos armados contra la propia figura del rey.

Nunca se cuestiona la esencia de las exacciones, el derecho de los señores a percibirlas, sino tan solo la excesiva presión que en un momento dado aquellas cargas supusieron para la maltrecha economía campesina. Esto se traduce en unos objetivos planteados en los conflictos a corto plazo, sin buscar cambios profundos en las estructuras del sistema.

Puede establecerse una gradación de este tipo de conflictos, en función de los métodos utilizados para rehuir los pagos:
 
1. La apelación a los tribunales de Justicia, mediante la petición de una carta de "adiamiento", en la que se emplaza al contribuyente a que en cierto día demuestre su derecho o exponga sus rezasen.

Es una vía muy utilizada en Navarra, que en ocasiones deriva en un largo pleito si las partes no consiguen un acuerdo. Apelar a la Justicia es el primer y más lógico paso, pero ésta rara vez falla en favor de los intereses campesinos y resulta una vía costosa caso de no verse favorecidos en la sentencia.

2. Tal vez estas dos razones provocaron que la picaresca fuera un camino popular entre el campesinado a fin de no pagar un impuesto o reducir el máximo posible de su montante.

Situada al margen de la legalidad, su casuística es variadísima: mentir ante los recaudadores sobre los efectos destructivos de guerras e inclemencias climatológicas, exagerándolas; ocultar el valor real de la producción; aprovechar la diversidad de monedas corrientes en el reino, pagando en aquellas que más convienen por su inferior valor; alegar hidalguía, es decir, condición exenta, etc[10].

3. La emigración. Es, con seguridad, el método más efectivo para eludir pesadas cargas, al menos parcial o temporalmente, pues nada provoca mayor daño al señor que el abandono de la tierra por quienes la trabajan, viéndose obligado a conceder sustanciosas rebajas para atraer a los emigrados y fijar a los que restan[11].

Las ventajas ofrecidas a los labradores no son espectaculares, pero cumplen a la perfección una doble función. A corto plazo, permiten a los labradores desheredados comenzar una nueva vida, libres de deudas y con unos mínimos medios que aseguran un cierto éxito de salir adelante si las condiciones son favorables; a medio término, posibilitan que la hacienda regia recupere la integridad de la pecha.

¿Pueden considerarse la picaresca y la emigración como exponentes de un conflicto? Para algunos, no, porque con estos métodos se rehuye precisamente lo que caracteriza a la conflictividad: el enfrentamiento. Pero no debemos olvidar que estas actitudes encierran una innegable postura de resistencia y resultaron más exitosas que la mayoría de los conflictos abiertos, violentos o no. Son, en mi opinión, excelentes ejemplos de una conflictividad "larvada", no manifestada de forma abierta.

4. Hemos citado la vía judicial, la picaresca y la emigración. El cuarto de los métodos, el enfrentamiento con el oficial encargado del cobro, introduce un nuevo concepto, el del empleo de la violencia. Se trata, normalmente, de sujetos aislados que reaccionan con agresividad ante una situación injusta.

5. Por último, la revuelta. Nunca "revolución", entendida como voluntad de alterar las estructuras del orden socio-económico preexistente. Son de corta duración y carácter local, a lo sumo comarcal. Sus consecuencias son de doble índole. De un lado, empeora la situación de los labradores, mediante una represión ejemplar sobre personas y bienes; de otro, se refuerza la autoridad real.

Estas revueltas pueden parecer insignificantes si las comparamos con los movimientos surgidos en otros reinos peninsulares, mas ello no nos autoriza a despreciarlos. Se les ha de adjudicar su verdadero valor, atendiendo a dos consideraciones:
 

• Son la máxima expresión de las respuestas llevadas a cabo frente a las presiones señoriales. No deben, por tanto, entenderse de forma aislada o separadamente de las otras formas de resistencia, sino como culminación de aquéllas.
• Navarra es un reino de reducidas dimensiones, con importantes variaciones socio-económicas comarcales. Ello tuvo su efecto en la extensión y duración de los conflictos, pues el control administrativo y la imposición de la autoridad real pudieron ser muy efectivos, dificultando el surgimiento de las revueltas y facilitando su represión.

III.1.2. Enfrentamientos por términos y su aprovechamiento.

Nos encontramos ante dos tipos de causas. Una de fondo, de carácter estructural, inherente al propio sistema feudal de explotación de la tierra: la superposición sobre un mismo espacio de privilegios y derechos de uso de varios sujetos. Dos causas de tipo inmediato, coyuntural:

- El crecimiento de la cabaña ganadera, convertida en actividad rentable al descender el volumen de población (necesita menos mano de obra) y aumentar las tierras baldías.

- La acción roturadora emprendida a fines del siglo XIV e inicios del XV con la recuperación demográfica, el aumento de la mano de obra desocupada, sin más medios que su fuerza de trabajo, y con el agotamiento de las tierras cultivadas.

En este tipo de conflictos tres son los campos de discusión:

• La titularidad de los términos.
• Su orientación económica.
• Los derechos sobre un territorio de las partes en litigio.

Los agentes enfrentados son, generalmente, el rey, por la razón que acabamos de exponer, y los campesinos pecheros, tanto de forma individual como agrupados en torno al concejo.

Dos aspectos explican el éxito de la usurpaciones de términos:

• De un lado, el derecho de uso tiende a convertirse, con el tiempo, en derecho de  propiedad.
• Por otro, una usurpación no reclamada por el señor de la tierra podía significar, además, el impago de derechos señoriales.

III.1.3. Resistencias a los oficiales de la Justicia.

Existen tres causas principales: la disconformidad con las sentencias emitidas por los tribunales, los abusos de algunos oficiales y la defensa de la autonomía municipal.

Respecto a la disconformidad con las sentencias emitidas por el Tribunal de la Cort, el número de casos contabilizados es grande, especialmente de resistencias frente a los agentes ejecutores de rango inferior (porteros). Para prevenir las disputas se adoptaron dos tipos de medidas:

-Disposición de penas ejemplares, tanto de carácter pecuniario como físico.

-Elaboración de ordenanzas del Tribunal de la Cort, en 1387 y 1413, entre las que destaca la orden número 43 de 1413, por la que se acordó que se fijasen en un libro todas las sentencias resolutorias de los tribunales en cuestiones dudosas y nuevas que no estuviesen reguladas por el Fuero General, siendo referencia obligada para los juristas. Se pretendía con ello evitar que la interpretación de la Ley pudiera dar lugar a discordias.

Esta última medida nos lleva a la raíz del problema: la propia simplicidad del Derecho Navarro, compilado en el Fuero General y escasamente receptivo a la amplia difusión del Derecho Romano vivida en otros reinos.

Los abusos de algunos oficiales son de dos tipos:

1. Los relacionados con el procedimiento y la burocracia, frente a los que se trató de perfeccionar el sistema judicial a través del control del número de oficiales y sus sueldos y la limitación de la duración de los pleitos.

2. Los derivados de la actuación de los agentes regios, problema frente al que se buscó un mayor control de la actuación de los oficiales[13].

En cuanto a la defensa de la autonomía municipal, se relaciona directamente con la necesidad de imponer la Justicia de forma efectiva en todo el reino, lo que movió al poder real a conceder prerrogativas a las villas en dicho campo. Con el progresivo fortalecimiento de las villas se plantea el problema de la autonomía local frente a las injerencias del poder real, en un doble sentido: el choque con los delegados regios, al invadir las villas su campo de acción; o, al contrario, la intromisión de los oficiales reales en la actividad de los oficiales del concejo, cuando los primeros olvidan o desconocen los privilegios y fueros locales.

Los ámbitos concretos de fricción son dos:

1. El nombramiento de cargos reales con funciones judiciales y policiales. Por ejemplo: la designación por el rey de personas foranas, extrañas a la villa; la imposición de oficiales regios donde no había costumbre de hacerlo; el nombramiento por el concejo de oficiales que habían de serlo por designación real.

2. El desempeño de las funciones de los oficiales del concejo, destacando la persecución y castigo de los delitos sin mandato real, usurpando con ello la jurisdicción real.

III.2. Conflictos horizontales

III.2.1. Conflictos por el reparto de las tasas.

Los antagonismos derivados del pago de imposiciones de diversos tipos responden como pocos a la jerarquía de fortunas existente en el seno del campesinado. Cabe diferenciarlos según se enfrenten:

• Hidalgos con pecheros y francos. Trataron los hidalgos de conservar los privilegios de exención que les distinguían como nobles. Sus fines son siempre claros y a corto plazo, buscando el mantenimiento de un orden social preexistente. En el lado opuesto, los labradores se hallaron interesados en mitigar aquellos privilegios de hidalguía. La razón es simple. A una mayor base social impositiva corresponde una reducción de la cuantía que a cada cual le corresponde aportar. Apoyan con su actitud la política regia, necesitada de cuantiosos ingresos, mas ni en el monarca ni en sus pecheros cabe observar tampoco un deseo de trastocar el ordenamiento social.
• Pecheros o francos, entre sí. Frente a la gran presión fiscal desarrollada desde mediados del siglo XIV, los campesinos trataron de evadir los pagos, encontrándose con la oposición de sus convecinos y, de forma frecuente, con el concejo, quienes verían aumentada su parte en las cargas si aquellos lograsen su objetivo.

• Realizar los repartimientos de las tasas de forma que ciertos grupos o individuos pudieran resultar beneficiados.
• Alegar condición de hidalguía.

III.2.2. Los conflictos por el aprovechamiento de bienes comunales presentan un enorme interés, que reside en una doble circunstancia. El goce de los comunes es una prerrogativa básica del derecho de vecindad, teniendo acceso a ellos todos los que poseen el título de "vecino". Su trascendencia proviene de su importancia económica y se refleja en la detallada regulación que del comunal lleva a cabo el Fuero General. Por otro lado, existe una estrecha relación entre las discordias por comunales y las jerarquías campesinas.

Diferenciamos dos niveles dentro de este tipo de conflictos. Por un lado, los que se desarrollan en razón de la orientación económica de los términos municipales y, de otro, los que provienen del goce en condiciones ventajosas por alguno de los grupos sociales de la villa, en especial los hidalgos.

Respecto al primero, la causa de fondo la encontramos en el desarreglo existente entre las oscilaciones demográficas y las necesidades de tierras para cultivo y pasto. Debemos recordar la proliferación de ordenanzas municipales que regulan las obligaciones y derechos vecinales en los comunales, para tratar de poner fin a las disputas locales[14]. Pero estos ordenamientos no siempre fueron suficientes y los enfrentamientos surgen por doquier, llegándose al empleo de la violencia. Normalmente, es la vía judicial, el pleito, la solución recurrida por los contendientes, mas también se acudió al arreglo amistoso entre los vecinos mediante el nombramiento de árbitros. Este método presentaba notables ventajas, referidas sobre todo al conocimiento del problema y al ahorro de los pagos que deberían efectuarse a los funcionarios
reales.

Los conflictos derivados del aprovechamiento de comunes en condiciones ventajosas por algunos grupos sociales representan la otra vertiente de este apartado tipológico.

La privilegiada posición social de los hidalgos implicaba también especial beneficio de los montes municipales, situación sancionada por el Fuero General. Tal desigualdad no dejó de provocar abundantes problemas, en ocasiones disputas violentas, mas los hidalgos nunca fueron desposeídos de su privilegio. Evidentemente, ello requeriría otra sociedad más desarrollada que la feudal y, por tanto, no se atajó de raíz el problema. Los conflictos por este motivo continuaron a lo largo de toda la Edad Media.

III.2.3. Los enfrentamientos surgidos en torno al concejo.

En ellos diferenciamos aquellos que se dieron por lograr el control de dicha institución y los derivados del intento de ciertos grupos por acceder a ella.

Los primeros encuentran su plena justificación en la fuerte estratificación social existente en el seno del campesinado y cristalizaron en dos niveles:

• Político. En el nombramiento de los cargos, intentando perpetuarse en los mismos o colocando en ellos a personas fieles.
• Económico. En el capítulo de la fiscalidad municipal (fijación de baremos y reparto de tasas entre los vecinos) y en todo lo referente al aprovechamiento de los comunales de la villa. Vemos, por tanto, la íntima conexión entre este grupo tipológico y el primero estudiado[15].

III.2.4. La importancia de los conflictos por la vecindad reside en las implicaciones político económicas que la calidad de "vecino" conlleva, fundamentalmente pago de impuestos, aprovechamiento de los términos y participación en la vida concejil.

Entre los diferentes tipos de vecindad existentes en la Navarra bajo medieval fue la vecindad "forana" la conflictiva por excelencia. Las prerrogativas en el ámbito del goce de comunales que poseían los foranos, junto a la grave disminución que ello suponía en la proporción que correspondía a los residentes, son la clave para entender los problemas.

Los vecinos residentes cerraron filas siempre que se trató de defender sus derechos y las disputas hubieron de ser solventadas mediante pleito ante las instancias superiores de Justicia del reino. Estas resolvieron mayormente en favor de los foranos, casi siempre hidalgos que buscaban defender su privilegio.

III.2.5. Los conflictos por el disfrute de beneficios eclesiásticos.

Las prebendas en juego, principalmente de orden económico, pero también político e ideológico, se encuentran en el origen de las disputas por el disfrute de beneficios eclesiásticos. Ello determinó que algunos sectores sociales, en especial los más acomodados, se enfrentasen entre sí por dicho motivo.

El derecho de presentación de abades que implicaba el patronazgo de una parroquia fue el objeto preferente de los enfrentamientos entre facciones de una sociedad fuertemente estratificada, diferencias acrecentadas con las crisis de subsistencia que sacudieron el reino.

III.2.6. Entre los conflictos protagonizados por concejos, destacan los que se dieron en razón de los términos. Es este un fenómeno de importancia capital, en cuanto refleja el proceso de control del espacio, uno de cuyos elementos destacados es la delimitación de los límites territoriales de las aldeas y villas.

Los amojonamientos pretendieron poner fin a la imprecisa definición de los términos pertenecientes a cada concejo y a los problemas de ella derivados, básicamente referidos a los aprovechamientos (aguas, pastos, madera).

Junto a esta causa fundamental existió un segundo factor: la ampliación de los espacios económicos por parte de los concejos, necesitados de términos más extensos con que hacer frente al auge de la ganadería y a las nuevas roturaciones que impone la recuperación demográfica de finales del siglo XIV.

En estas disputas fueron empleados toda suerte de recursos: la violencia, que deriva en guerra abierta en los casos fronterizos; las resoluciones de árbitros designados al efecto; los pleitos ante la Cort; los amojonamientos...

La larga duración del enfrentamiento en determinados casos, cuando había de por medio aprovechamientos de tipo mancomunado, como los del agua[17], perviviendo a todos los intentos de pacificación, nos lleva a pensar que nunca se atacó el problema en su raíz. Existió en tales situaciones un desarreglo entre la concesión de derechos de propiedad o uso en favor de alguna de las partes en las sentencias y el disfrute que de forma ancestral se venía realizando en los términos contenciosos por los litigantes. Es un conflicto surgido entre el progresivo proceso de organización del entorno físico y la pervivencia de formas tradicionales de explotación del mismo. Fue la firma de "cartas de facería", en las que se establecía una mancomunidad de términos entre dos o más villas, la única forma que nos consta obtuvo éxito[18]

III.2.7. Respecto a las discordias debidas al paso de ganado trashumante, cabe afirmar que la normativa establecida en el Fuero General se mostró insuficiente. La causa estriba en el aumento cuantitativo de la cabaña ganadera y en la creciente delimitación de los términos, que pone a las aldeas frente a la explotación de un espacio que no cabe ampliar.

Fueron las comunidades que rodeaban las cañadas más utilizadas, la que unía el Roncal con la Bardena y ésta con las sierras de Urbasa y Andía, quienes se vieron principalmente perjudicadas, en un doble sentido: respecto a los daños sufridos en barbechos y sembrados y en cuanto a la pérdida de parte del propio término.
 
 

[12] De nuevo la multiplicidad de ejemplos posibles convertiría en interminable la relación. Recordemos los conflictos surgidos entre Cintruénigo y Fitero o entre Irache y Mendavia, así como los suscitados por los procuradores patrimoniales con diversos individuos y concejos del reino.

[13] Las ordenanzas de 1413 fueron publicadas por J.M. Zuaznavar: "Ensayo histórico-crítico sobre la legislación de Navarra", vol. I, Pamplona, 1966, p. 638-660. Las de 1387 las publicamos íntegramente en nuestro apéndice documental.

[14] Por ejemplo, las de Egulbati, de 1411, o las de Lesaca, de 1423.

[15] Conocemos bien el caso de Laguardia (c. la obra de E. García: "La comunidad de Laguardia en la Baja Edad Media, 1350-1516", Vitoria, 1985) o el de Falces, del que nos llegan noticias del año 1365. De todas formas, creemos imprescindible un estudio profundo de los concejos navarros, siguiendo una
metodología moderna como pudiera ser la propuesta por J.M. Monsalvo ("El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra", Salamanca, 1988).

[16] El ejemplo de Tafalla, con su ordenamiento concejil de 1425, es muy claro a este respecto.

[17] Paradigmáticos los acaecidos entre las villas navarras de Corella, Cintruénigo, Cadreita y Tudela con la castellana de Alfaro.

[18] Por ejemplo, la ajustada en 1366 entre Tiermas y Lumbier.